Usted que lee este texto, ¿qué estaba haciendo cuando tenía 9 años? Tal vez montado en una bicicleta con sus primos en el parque, yendo al colegio esperando a que la campana sonara para salir a jugar o leyendo historietas de su superhéroe favorito. Para Rosita Avilez, una mujer trans y víctima del conflicto armado, la infancia fue todo un reto porque estuvo marcada por maltratos, abusos y miedo.
La delicadeza de un pétalo siempre fue su bandera, no por una extrema fragilidad, sino por el amor que expresaba en su mirada, aunque no siempre lo recibiera de la misma manera o en la misma cantidad puesto que su identidad sexual la ha hecho, en sus 41 años de vida, objeto de rechazo y hostigamientos, así como lo han vivido las 7.286 personas incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) identificadas como población con Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD).
“Yo era un niño de 9 o 10 años, entonces, que tus primos abusen de ti, es traumático”, recuerda con voz quebrada Rosita, quien ahora se reconoce como una mujer trans y también se identifica como de género fluido.
La cuna del pueblo indígena Zenú la vio nacer, es decir, el municipio de Tierralta, Córdoba, en medio de una variada vegetación que se acopla a los casi 25° centígrados de temperatura. El 3 de junio de 1984 que las manos laboriosas de su abuela la recibieron, ante el cariño que su madre le negó al nacer.
Aunque su abuela era su todo, la dureza en el trato la obligaba a refugiarse donde una vecina. Los años transcurrían en medio de la estigmatización, el rechazo y la violencia pues aproximadamente seis hombres de un grupo armado ilegal abusaron de ella cuando tan solo tenía 12 años. “¿Tuve niñez? No. No la tuve”, comenta.
Vio cómo 10 de sus compañeros de la población LGBTIQ+ perdieron la vida a manos de los grupos armados ilegales que por décadas imponían su ley, y que la amenazaban para salir de la región.
Así como a Rosita, también han amenazado a los integrantes del Sujeto de Reparación Colectiva llamado Crisalidas, el cual nació en el municipio de San Rafael, Antioquia, debido al asesinato de Carlos Alberto Arboleda, conocido como Sardino, uno de los líderes de la zona que fue ejecutado por paramilitares del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este colectivo usó el arte y la cultura como herramientas de transformación social y, en 2021, la Unidad para las Víctimas lo reconoció como uno de los cuatro Sujetos de Reparación Colectiva existentes.
Durante el 2024, se avanzó con Crisalidas a la Fase 2 de la Ruta Integral de Reparación Colectiva (RIRC), que corresponde a la Fase de Alistamiento, la cual está programada para el segundo trimestre de 2025, tiempo en el que también se espera iniciar la Fase de Diagnóstico del Daño.
Por ello, Rosita sigue levantando su voz de protesta en favor de los derechos de la población LGBTIQ+ pues, para ella, fue muy doloroso ver cómo la violencia les arrebató a sus amigos y cómo ella vivía bajo constantes amenazas. “Tener que verlos empalados, en la orilla del río, asesinados. Es muy triste, no ha sido fácil esta lucha. Y ser una persona, como se decía, vulgarmente, “marica”, que la violen, la amenacen y que no sepas a dónde ir, es duro. Es más, recibí un panfleto en el que me daban 12 horas para salir del territorio”, menciona.
Las amenazas la llevaron a salir varias veces de su territorio y cuando regresaba, la violencia apagaba las esperanzas de vivir en paz: “Si ellos llegaban y usted tenía un terreno o algo, ellos lo cogían y se lo llevaban; siempre vivíamos aterrorizados”.
Por su identificación sexual, la estigmatización la persiguió por años: “Ellos me decían: No gustamos de maricas y no los queremos aquí, los vamos a matar. Porque allí mandaban los grupos paramilitares de alias Don Berna y Mancuso”.
Ya en 2007 llegó al municipio de Montelíbano, en Córdoba, desde donde ha ejercido ese activismo con la población enfrentando todos los ataques que buscaban desestabilizar su liderazgo.
“Si eso pasa aquí en el casco urbano, qué será para la población LGBTIQ+ campesina, indígena o afro”, narra al recordar que cuando conoció al grupo de investigación Caribe Afirmativo, que trabaja con la academia para producir material relacionado con la diversidad sexual, entendió qué era el empoderamiento y cómo podía acceder a todo el conocimiento de sus derechos.
“Hemos aprendido de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), que ha venido empoderando a la población LGBTIQ+. Hoy tenemos una organización que se llama Corporación Montelíbano Afirmativa, de la que soy su fundadora”, menciona Rosita.
Hoy puede decir que los espacios que ha ganado junto con su corporación se reflejan en la incidencia en los planes de desarrollo municipal y en la elaboración de políticas públicas que contengan un enfoque diferencial.
“Y si hoy o mañana me llega a pasar algo, me voy feliz porque dejé la semilla en mi territorio. Dejé el camino abierto para que los demás liderazgos salgan de Montelíbano, del Alto San Jorge y del sur de Córdoba”, describe.
Así como esta Corporación, hay varios colectivos que han surgido en el país con el interés de defender los derechos de esta población, como es el caso del grupo nacido en el municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar llamado Colectivo LGBTIQ+ de El Carmen de Bolívar. En 2020 fue reconocido como Sujeto de Reparación Colectiva por la Unidad para las Víctimas, el primero en el Caribe colombiano.
Durante el 2024 la Unidad para las Víctimas avanzó a la Fase 3 de la Ruta Integral de Reparación Colectiva (RIRC), correspondiente a la Fase de Diagnóstico del Daño, cuya culminación se prevé para el segundo trimestre de 2025.
Otro de los cuatro colectivos LGBTIQ+ reconocidos por la Unidad para las Víctimas como Sujetos de Reparación Colectiva (SRC) es Casa Diversa, que tiene asiento en la Mesa LGBTIQ+ de la Comuna 8 de Medellín. Es el primer Sujeto de Reparación Colectiva de Orientaciones Sexuales e Identidades de Género Diversas (OSIGD) reconocido por la entidad en Colombia.
Durante 2024, se avanzó en la Fase 5 de la Ruta Integral de Reparación Colectiva (RIRC), es decir, la Fase de Implementación que se reactivó durante el último bimestre de 2024. Para este año, se proyecta un avance en la implementación del 70%.
Iniciaron 12 personas bajo el liderazgo de John Restrepo, levantando su voz ante los asesinatos selectivos, fueron creciendo con el pasar del tiempo, y vieron cómo, en medio de los años más duros del conflicto urbano en Medellín (2011-2014), cerca de 131 personas de la población fueron asesinadas en Antioquia.
Ya en 2016, la Unidad para las Víctimas reconoció al colectivo como Sujeto de Reparación Colectiva (SRC), su trascendencia en el país obedeció a que era la primera vez que se reconocían los impactos del conflicto de manera diferencial sobre las personas LGBTIQ+ por su identidad y orientación sexual.
De otro lado, Chaparral Diversa es liderado en su mayoría por mujeres trans, combatiendo la violencia por parte de las extintas Farc en uno de sus espacios más emblemáticos: el Reinado Trans del río Tuluni en el municipio de Chaparral, en Tolima, un certamen con mensajes políticos y culturales que marcan un emblema en la población.
Durante 2024, la Unidad para las Víctimas avanzó a la Fase 3 de la Ruta Integral de Reparación Colectiva (RIRC), correspondiente a la Fase de Diagnóstico del Daño. Las primeras jornadas de esta fase se realizaron en noviembre de 2024 y para 2025 se proyecta avanzar en el proceso de reparación.
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Estos datos no son solo cifras, son historias reales de quienes resistieron con su vida marcando el destino de muchos miembros de la población LGBTIQ+ y, por ello, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ la Unidad para las Víctimas resalta esa valentía que día a día utilizan para levantar su voz y exigir respeto por sus derechos, así como Rosita Avilez, quien ha sido herida con las espinas de la guerra, pero utiliza la ternura de un pétalo de rosa para ayudar a quienes más lo necesitan.
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