La Policía Nacional de todos los colombianos a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN) y la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró afectar las finanzas criminales de Helmann Yesid Novóa Gómez, alias “El Socio”, quien fue capturado en el año 2012 y condenado en el año 2013 por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Las autoridades lograron la materialización de las medidas cautelares sobre 136 bienes muebles e inmuebles avaluados en 109.390 millones de pesos, pertenecientes a su núcleo familiar y a varios de sus testaferros. Se trata de una investigación llevada a cabo por funcionarios de la DIJIN, que inició después de observar el incremento injustificado del patrimonio económico de “El Socio” y su familiares desde el año 2010 hasta el año 2023.
Los peritos y analistas encontraron irregularidades en la trazabilidad de la adquisición de los bienes realizadas por las personas más allegadas a él; por lo que los investigadores se dieron a la tarea de establecer las actividades ilícitas, empresas involucradas, roles, contactos en Colombia y en el exterior (Ecuador y Panamá) así como recaudar elementos materiales probatorias y evidencia física que conllevaron a la individualización, identificación de personas, modo delictivo y ubicación de los bienes de los cuales la propiedad material era de alias “El Socio”, pero jurídicamente se encontraban a nombre de terceros.
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Una vez ubicados los bienes y teniendo en cuenta la contundencia de los elementos materiales probatorios, la Fiscalía autorizó a los investigadores para que aplicaran las medidas cautelares de secuestro, embargo y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio a 92 inmuebles, dentro de los que se encuentran 5 apartamentos, 2 casas, 4 edificios, 2 fincas, 8 lotes, 5 locales, 45 oficinas, 18 garajes, 1 deposito y dos parqueaderos; además a 9 vehículos, 1 establecimiento de comercio, 2 Sociedades comerciales y 32 títulos valores, que se encontraban ubicados en las ciudades de Bogotá D.C, Barranquilla – Atlántico e Ipiales – Nariño, y en los municipios de Cajicá- Cundinamarca, Melgar-Tolima, Palestina-Caldas y Barbosa-Santander.
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Los bienes afectados fueron dejados a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
