La Defensoría del Pueblo advirtió este martes que los defensores de derechos humanos, sociales y ambientales en la Amazonía corren riesgos por su activismo e instó a las autoridades a protegerlos.
“En la presentación de la Alerta Temprana 007 de 2024, para el Bioma Amazónico Nacional, advertimos riesgos para los defensores de derechos humanos y liderazgos sociales que ejercen labores en temas ambientales relacionados con esta vasta región de bosque tropical”, indicó la entidad en su cuenta de la red social X.
Por ello, el defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó al Estado crear mecanismos de protección eficientes para quienes trabajan en la conservación de los bosques amazónicos.
“Necesitamos que sean implementadas medidas de protección colectiva para líderes ambientales y comunidades indígenas en riesgo, en coordinación con entidades como la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio del Interior”, asegura Camargo Assis.
El documento de Alerta Temprana señala que 50 municipios de 9 departamentos son peligrosos para la actividad de defensores de Derechos Humanos, ONG y comunidades indígenas.
“En esos lugares, facciones disidentes de las Farc imponen regulaciones ambientales y hasta cobran ‘impuestos’, afectando el ejercicio mismo de protección del ambiente que les corresponde a las juntas de acción comunal, a los liderazgos indígenas y a las autoridades ambientales”, expresó el defensor.
La institución encontró también en la frontera con Venezuela, en los departamentos de Guainía y Vichada, que la minería ilícita de oro y coltán ha generado un escenario de coexistencia armada entre estructuras ilegales, como facciones de las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de crimen organizado que se benefician de su explotación.
Otro punto problemático es la frontera con Brasil, en los departamentos de Amazonas y Vaupés, donde las bandas armadas que compiten por la minería de oro y el narcotráfico se estarían aliando con el crimen organizado brasileño, lo que aumenta la violencia regional.
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Los riesgos también se ciernen para liderazgos indígenas, autoridades ambientales y las ONG que buscan incidir en el fortalecimiento organizativo étnico y la investigación científica dirigida a la protección del ambiente.
“Hemos solicitado integrar la protección de líderes ambientales en los diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN, dos de los principales actores que generan el riesgo en la vulneración de derechos y algunos de los cuales han buscado ejercer mecanismos de control y regulación social y ambiental que generan nuevos riesgos para las personas que defienden el ambiente en la Amazonía”, indicó el Defensor del Pueblo.
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Con información de Sputnik.