El coronel Javier Gallego, subcomandante (e ) de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que por primera vez se logró impactar la piratería de libros y violación de derechos de autor mediante a incautación de viviendas y locales comerciales dedicados al almacenamiento y venda de estos productos ilegales.
El oficial destacó que este resultado se logró luego de seis meses de investigación por parte de uniformados adscritos a la Seccional de Investigación Judicial (SIJIN), de la Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, con lo que se lograron identificar 23 inmuebles , cuyo valor comercial ascendía a los 27 mil millones de pesos.
Estas diligencias se desarrollaron en 16 bienes inmuebles y siete establecimientos de comercio, ubicados en las localidades de Santa Fe, Candelaria, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal; lo anterior, mediante la aplicación de las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo con fines de extinción de dominio.
Este importante resultado se da en atención a que estos bienes inmuebles habían sido utilizados para la producción, almacenamiento, distribución y venta de libros reproducidos sin autorización de los legítimos titulares de derechos de autor, lo que afectaban de manera directa a los escritores nacionales y a las empresas de la industria editorial colombiana.
Asimismo, afectaban a distribuidores, librerías y en general a todos los autores de la industria editorial, ocasionando graves perjuicios económicos a la cadena de valor del libro con un déficit que supera los 57 mil millones de pesos.
De igual forma, para evadir los controles de las autoridades, en las cámaras de comercio, estos delincuentes suministraban direcciones de diferentes establecimientos comerciales, para que no se pudieran adelantar las extinciones de dominio.
Es importante señalar que, por primera vez en Colombia, se ocuparon bienes por este delito, lo que permitió afectar las finanzas de estos grupos criminales en un monto que supera los 27 mil millones de pesos.
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Por último, estos inmuebles pasaron a buen recaudo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), quienes serán los encargados de administrar y determinar qué pasará con estos predios, ya que n el momento estarán a cargo del Estado.
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