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Por procedimiento irregular contra un reincorporado de las Farc en donde murió una menor, judicializan a un policía y un soldado  

Los hechos ocurrieron en febrero del 2022, en el municipio de San Vicente del Caguán, en donde Jhon Sebastián Rivas resultó herido en medio de la acción ilegal de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

La contundencia del material probatorio presentado por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), permitió judicializar al integrante de la Sijín, Jhon Alejandro Quintero Artunduaga, y al cabo del Ejército Nacional, Alejandro Restrepo Sepúlveda por hechos en los cuales murió una menor de edad y resultó herido un reincorporado.  

La investigación da cuenta que el 12 de febrero de 2022 en San Vicente del Caguán (Caquetá), al parecer, Restrepo Sepúlveda, notó una actitud aparentemente sospechosa en el reincoporado Jhon Sebastián Rivas Narváez, quien junto a un compañero de trabajo caminaban por una vía pública del municipio, tras culminar sus labores como escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP).  

El material de prueba recaudado determinó que, ante sus sospechas, el cabo alertó a varios integrantes de la Policía, entre ellos al patrullero Quintero Artunduaga, sobre las dudas que tenía sobre las personas con las que acababa de encontrarse. Después de esto un grupo de uniformados se dirigió al sitio donde se encontraba la víctima.  

En videos de cámaras de seguridad del municipio quedó registrado el momento en el que el suboficial del Ejército, sin mediar palabra, habría golpeado por la espalda a Rivas Narváez.  

Tras la agresión el hombre intentó correr para resguardarse, y en ese momento el patrullero Quintero Artunduaga le habría disparado en varias ocasiones, hiriéndolo en una pierna.  

Durante el ataque, una menor de 14 años que se encontraba en un establecimiento comercial de la zona recibió un disparo que habría salido del arma del patrullero. La joven fue trasladada a un centro asistencial pero llegó sin signos vitales a causa de las heridas.  

El material probatorio recolectado permitió establecer que los procesados, al parecer, no portaban su uniforme de dotación, y en medio de un posible procedimiento ilegal no les solicitaron a los escoltas documentación para su identificación. 

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La Fiscalía imputó al integrante de la Sijín de la Policía Nacional como posible responsable de los delitos de homicidio en calidad de dolo eventual y tentativa de homicidio. El cabo deberá responder por su posible responsabilidad en abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. 

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