Tras analizar el contenido del proyecto de ley que busca la modernización y humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario, que cursa actualmente en el Congreso y cifras suministradas por la Secretaría Distrital de Seguridad, el concejal de Bogotá Oscar Ramírez Vahos, reitera llamado de alerta alrededor de la crisis de seguridad que detonaría la latente liberación de 6.342 presos en la ciudad, agravando la ya crítica situación que viven los bogotanos, sometiéndolos a la merced de ladrones, jíbaros, pandilleros y demás delincuentes.
La cuestionada ley de humanización, mediante la cual el presidente de la República pretende descongestionar las cárceles y darle un trato “humanitario” a los delincuentes, se olvida completamente de garantizar los derechos y la seguridad de la ciudadanía bogotana que estaría expuesta y condenada a ser víctima del delito.
Según el estudio, de los 6.342 detenidos que quedarían en libertad en la ciudad de Bogotá, más de 4.000, están cumpliendo condenas por el delito de hurto.
“El año pasado, en la ciudad de Bogotá fueron hurtados alrededor de 65.000 celulares, cifra que responde a los casos denunciados. ¿Y los que no conocemos? Indudablemente, esa cifra vendrá en aumento en el escenario de tener circulando en las calles a 4.000 procesados por hurto, que además es un mensaje claro a los que delinquen hoy, que saben que sus delitos no tendrán cárcel”, aseguró el concejal Vahos.
Otra cifra preocupante: 400 personas encarceladas en Bogotá por el delito de extorsión quedarían libres de ser aprobado este proyecto de ley.
“Desde el Concejo me opongo frontalmente y de manera contundente a esta ley que va a empeorar la seguridad y la tranquilidad en Bogotá” reitera el concejal Vahos.
A los 1.500 policías que la Nación le restó a Bogotá, y cuya formación fue financiada con recursos de los impuestos que pagaron los bogotanos, ahora debemos sumarle cerca de 6.000 delincuentes que estarán de regreso a las calles: “las matemáticas de la seguridad no dan” añadió el concejal.
El proyecto de ley busca que un mayor numero de personas accedan a beneficios penales o puedan quedar en libertad, bajo el postulado de aliviar el hacinamiento en las cárceles y así, sentenciados hasta por 12 años de cárcel ahora tendrán prisión domiciliaria. Hoy, este beneficio aplica a penas de hasta 8 años.
Son 30 los delitos contemplados sobre los que se aplicarían beneficios. Son estos cinco, los más preocupantes:
• Hurto calificado con 3.944 posibles delincuentes excarcelados
• Extorsión con 400 posibles delincuentes excarcelados
• Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes con 1.998 posibles delincuentes excarcelados
• Violencia contra servidor público por razón de sus funciones
• Receptación (adquisición, posesión, comercialización de bienes muebles o inmuebles de origen ilícito)
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Y finalmente, pero no menos importante, la indulgencia que contempla este proyecto de ley, para quienes cometan o estén acusados del delito de terrorismo y concierto para delinquir en el marco de la protesta social, absoluta impunidad pues no serían judicializados.
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