Al finalizar el mes de abril, el Fondo para la Reparación de las Víctimas, junto con la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Minas, la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría, visitó los dos predios y encontró un grave deterioro debido a la minería ilegal, lo que ha generado un gran impacto social y ambiental que viene afectando a toda la comunidad del municipio.
En Mandinga se encontró que, sorpresivamente, se tramitó una licencia ambiental en la que nunca se consultó al Fondo para la Reparación de las Víctimas a pesar de ser el propietario del bien. Además, el recorrido arroja que no se trata de minería artesanal sino de minería con maquinaria, con excavaciones profundas que deja un balance de daños físicos y ambientales muy grande en el predio.
En Marlengo se presenta una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que ha generado una problemática social muy amplia que se revisará en conjunto con varias entidades locales. A esto se suma la presencia de actividades mineras no artesanales, similares a las que hay en Mandinga.
El Fondo no tiene las competencias para frenar estas actividades, por lo que se solicita la presencia del Ministerio de Minas, procuraduría delegada al seguimiento del proceso de paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y Ejército.
El viernes finalmente se llevó a cabo la mesa interinstitucional y allí el Fondo para la Reparación de las Víctimas expuso la situación de los dos predios, además de solicitar la intervención de todas las entidades para buscar optimizar la administración de estos bienes, teniendo en cuenta la problemática social y ambiental que se está presentando.
Por el momento, todas las instituciones participantes de la mesa acordaron entregar informes de la situación de cada una de las fincas, mientras la Policía de Carabineros arranca un proceso de pedagogía con los mineros antes de iniciar procesos de desalojo e incautación de maquinaría.
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Se continuará trabajando en una mesa conjunta de seguimiento y se espera que, en menos de un mes, se tengan los informes de cada entidad para realizar una nueva reunión para empezar a trabajar en la recuperación de los dos predios y en la búsqueda de soluciones integrales en favor de las víctimas sino también de las comunidades afectadas de Cáceres.
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