La Procuraduría determinó constituir una supervigilancia administrativa para que siga el caso de la muerte del joven, Juan Sebastián Arismendi, quien se encontraba detenido en la Estación de Policía de Suba y en donde, presuntamente, habría sido golpeado por uniformados de la institución.
De acuerdo a publicaciones de medios de comunicación, el pasado 3 de abril, el joven, de 26 años, fue trasladado desde la sede policial hasta el hospital Simón Bolívar con una serie de golpes y múltiples fracturas que precipitaron su deceso.
Esta situación llevó a la Procuraduría Delegada con Funciones Mixtas 1 para la Defensa de los Derechos Humanos a ordenar la supervigilancia administrativa a la investigación disciplinaria que abrió sobre este caso la Policía Nacional y, específicamente, la Oficina de Control Interno Disciplinario- CODIN de Instrucción 37-
Esta figura jurídica permite al Ministerio Público actuar como sujeto procesal dentro de la actuación disciplinaria, solicitar pruebas, entre otros.
En la tarde de ayer, una comisión especial de la Procuraduría visitó la oficina de control interno disciplinario para analizar lo actuado hasta el momento.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, reiteró el llamado a las gobernaciones y alcaldías para que asuman las responsabilidades que tienen por ley frente al manejo de los establecimientos que albergan personas privadas de la libertad en calidad de sindicados (hasta por 36 horas), mientras se define su situación jurídica.
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Sarmiento también llamó la atención de las entidades del Gobierno nacional, responsable de la administración penitenciaria y carcelaria para que aceleren la implementación de planes de choque y medidas para resolver la crisis carcelaria de manera definitiva.
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