Once naciones de Norte, Centro y Sudamérica conformaron el miércoles la denominada “Alianza de Países de América Latina y el Caribe contra la Inflación”, en una reunión virtual de los jefes y jefas de Estado.
“Nos reunimos el 5 de abril de 2023 a iniciativa de México para encontrar soluciones conjuntas frente a las presiones de precios y la carestía presentes en la región, así como para fortalecer la integración y el comercio regional”, dice la declaración conjunta emitida al final del encuentro realizado por vídeoconferencia.
La región latinoamericana y la caribeña están entre los más afectados tras la pandemia de covid-19 y los conflictos militares geopolíticos, ante lo cual la iniciativa culminó con la firma de una Declaración Presidencial contra la Inflación.
“El abastecimiento a escala mundial de alimentos y productos de la canasta básica, incluyendo granos y energéticos, está siendo afectado negativamente como consecuencia de un contexto internacional adverso de los efectos de la crisis multidimensional que afecta la economía global marcado por conflictos militares extrarregionales, una lenta recuperación de las operaciones en las cadenas de producción y distribución de bienes, productos y servicios tras la pandemia”, reza el documento final aprobado.
Los países firmantes son Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Venezuela y San Vicente y las Granadinas, en su calidad de país presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Siete acuerdos
Los países señalaron una abultada deuda externa que afecta especialmente a los de bajos y medianos ingresos, y al impacto negativo que fenómenos climáticos tienen en las cosechas y actividades agropecuarias, y situaciones de emergencia sanitaria y fitosanitarias en la región.
El objetivo es contar con un sistema financiero internacional más justo que permita acceder a los recursos necesarios y “mejorar las condiciones de endeudamiento externo para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los países”, en particular de los sectores más vulnerables.
Los siete acuerdos comienzan, en primer lugar, por “avanzar en la definición de las facilidades comerciales, así como las medidas logísticas, financieras y de otra índole, tomando en consideración la realidad de cada país, que permitan que el intercambio de productos de la canasta básica y bienes intermedios ocurra en mejores condiciones” con la prioridad de la población más pobre y vulnerable.
La segunda acción consiste en “crear un Grupo de Trabajo Técnico integrado por representantes de gobierno de cada país para determinar las medidas de cooperación regional mencionadas en el numeral anterior, para los productos básicos e insumos, particularmente fertilizantes químicos y orgánicos”.
El tercer acuerdo plantea crear el Grupo de Trabajo Técnico que tendrá la facultad de establecer un plan de acción que permita implementar en un plazo razonable, “la adopción de medidas de facilitación de comercio para hacer frente a los altos precios de productos de consumo básico e insumos para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional”, que incluya la transferencia de tecnología y cooperación.
El cuarto punto propone que ese grupo realice un análisis de viabilidad y acciones que deriven en “un acceso más ágil y efectivo a productos de consumo básico e insumos a través del avance de mejores condiciones logísticas”.
El quinto acuerdo considera que de las facilidades logísticas y financieras referidas en el primer acuerdo, el citado Grupo recomendará la adopción de “medidas para mejorar la eficiencia del ingreso y salida de productos por puertos y fronteras, y el intercambio de insumos intermedios, maquinaria y tecnología en beneficio de la productividad agrícola”.
En sexto lugar consideran medidas tendientes a la facilitación del acceso al crédito a nivel internacional, y a “aumentar el financiamiento multilateral de proyectos agrícolas, agroindustriales y de infraestructura” para el transporte de mercancías.
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Finalmente acordaron esfuerzos con productores, compradores, transportistas y operadores logísticos del sector privado y otros actores económicos para dar seguimiento a los acuerdos de esta Cumbre y sus resultados.
Una cumbre presencial se realizará el 6 y 7 de mayo en Cancún.
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Con información de Sputnik.