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MinTIC establece la regulación para la habilitación de los Servicios Ciudadanos Digitales Especiales

La cartera publicó la Resolución 001951 a través de la cual se establecen los requisitos, las condiciones y el trámite de la habilitación de los prestadores de Servicios Ciudadanos Digitales Especiales, así como los lineamientos y estándares para la integración de estos servicios y la articulación de los prestadores con la Agencia Nacional Digital.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) emitió la Resolución 001951 a través de la cual se establece la regulación para la habilitación de los Servicios Ciudadanos Digitales Especiales, con el objetivo de seguir consolidando un Estado más innovador.

Así lo anuncio la ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama Rojas, durante Conecta Colombia, un evento organizado por el Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CINTEL) y que reúne a ejecutivos de alto nivel de los operadores, entidades de regulación, analistas, proveedores, representantes de entidades de gobierno y otros actores relevantes de la industria para compartir su visión e impulsar el desarrollo en materia de comunicaciones en Colombia y la región.

“Con esta normativa buscamos establecer los requisitos, condiciones y trámites que las personas jurídicas de derecho privado deben cumplir para ser habilitados para la prestación de servicios ciudadanos digitales especiales. De esta manera estamos transformando digitalmente al Estado Colombiano para que sea más innovador, más digital y, sobre todo, más accesible para todos los ciudadanos”, explicó la jefe de la cartera TIC.

Se definen como Servicios Ciudadanos Digitales Especiales aquellos que brindan soluciones con nuevas ofertas de valor y son adicionales a los Servicios Ciudadanos Digitales base (Autenticación, Interoperabilidad y Carpeta Ciudadana Digital), o bien, corresponden a innovaciones que realizan los prestadores de servicio a partir de la autorización dada por el titular de los datos y de la integración a los Servicios Ciudadanos Digitales base, bajo un esquema coordinado por el articulador.

Es importante precisar que se podrán habilitar únicamente personas jurídicas de derecho privado, durante 5 años y sin ningún costo. Además, las personas jurídicas privadas habilitadas podrán prestar Servicios Ciudadanos Digitales Especiales siempre y cuando brinden como mínimo uno de los siguientes dos Servicios Ciudadanos Digitales Base: Autenticación Digital o Carpeta Ciudadana Digital.

“Uno de los ejemplos que podemos traer en el caso de un servicio ciudadano especial es el desarrollo de una billetera digital para recepción de subsidios económicos del departamento para la prosperidad social en la carpeta digital. Un ciudadano se autentica por el servicio base de autenticación digital ofrecido por el gobierno y accede a la carpeta ciudadana vinculando la billetera digital creada por una entidad privada. Con esto se trae grandes beneficios para el estado, la entidad privada y por supuesto a la ciudadanía que es nuestro fin”, explicó la alta funcionaria.

Ministra TIC, Carmen Ligia Valderrama Rojas.

Algunos requisitos

Los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales habilitados deberán garantizar que los datos, la información y el cobro requeridos a los usuarios deberá ser proporcional, razonable, equivalente y necesario para la prestación del servicio ciudadano digital ofertado.

Así mismo, los prestadores de servicios ciudadanos digitales especiales deben contar una estrategia de seguridad digital en la que se integren principios, políticas, procedimientos, guías, manuales, formatos y lineamientos para la gestión de la seguridad de la información digital.

De esta manera, el Ministerio TIC continúa trabajando en la transformación digital del Estado y el trabajo conjunto entre los sectores público y privado seguirán marcando la diferencia para el bienestar de la ciudadanía.

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Recuerde: Los Servicios Ciudadanos Especiales son un conjunto de soluciones tecnológicas y procedimientos que fortalecen la capacidad del Estado en su proceso de transformación digital, garantizando el derecho ciudadano a la utilización de medios electrónicos ante la administración pública.

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