Este Documento Conpes comprende lo dispuesto por el Consejo Superior de Política Criminal y se concibe como la hoja de ruta en materia de política criminal para los próximos cuatro años.
El Plan Nacional de Política Criminal busca mejorar la coordinación de la acción del Estado para garantizar su efectividad en materia de política criminal a través de la definición de estrategias orientadas a fortalecer la capacidad institucional, garantizar los bienes jurídicos de la población y cumplir los principios generales del derecho penal.
Con el fin de cumplir con tales propósitos, el documento contempla estrategias encaminadas a:
1. Mejorar la capacidad de respuesta institucional del Estado para potenciar su efectividad y oportunidad a fin de reducir el homicidio.
2. Perseguir la violencia sexual y basada en género que afecta a la población más vulnerable.
3. Alcanzar mayor contundencia en la disrupción del crimen organizado.
4. Humanizar el sistema penitenciario y carcelario garantizando la efectiva resocialización.
5. Prevenir el uso y la participación de niños, niñas y adolescentes en actividades criminales.
6. Combatir el crimen en sus diferentes manifestaciones.
7. Atacar particularmente el fenómeno de la corrupción y sus efectos.
Esta política será ejecutada en cuatro años y cuenta con una asignación de recursos estimativa en 42.895 millones de pesos. La ejecución de los compromisos del plan de acción y seguimiento se realizará de manera conjunta por parte de las entidades que conforman el CSPC y con el liderazgo de aquellas que desarrollan acciones particulares en algunas de las etapas de la política criminal.
En tal sentido, las entidades partícipes del Documento son el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Educación, el Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, la Policía Nacional, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.
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Por último, el Plan Nacional de Política Criminal articula la acción del Gobierno nacional, las Ramas Legislativa y Judicial, y los organismos de control para implementar una política criminal integral, coherente con la realidad nacional, oportuna frente a las dinámicas criminales y garante de los derechos de los habitantes en los territorios del país.
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