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Superindustria impuso a Mattel Colombia una multa de $700 millones por vulnerar el derecho de los consumidores

En la investigación, se probó que la empresa solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.

La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol como autoridad nacional de protección al consumidor, impuso a Mattel Colombia S.A. una multa de $700.000.000,oo (Setecientos Millones de Pesos M.L.) al constatar que esta empresa vulneró el derecho de los consumidores al no informarles sobre el riesgo real e inminente asociado al producto “F-P Mecedora de Lujo o Rock ‘N Play Sleeper”, sino que les dio a entender que las medidas adoptadas obedecían a una extensión de la garantía y no una campaña de seguridad, a pesar de que ésta se promovió en razón a la muerte de 30 niños en Estados Unidos.

Además, se encontró que Mattel Colombia S.A. intervino en la campaña ordenando a los consumidores que retiraran 2 conexiones que hacían parte del producto con el fin de que este quedara inservible. En algunos casos requirió que el mismo fuera resguardado al menos 6 meses y en otros casos solicitó la retoma del producto a las oficinas de Mattel. Solo cuando todo lo anterior fuera acreditado, se hacía la entrega de un Kit de juguetes marca Fisher Price o en algunos casos la devolución del dinero, contrariando lo dispuesto en el Decreto 1074 de 2015, al incumplir su obligación de informar de manera directa e inmediata a los consumidores acerca de las medidas correctivas implementadas y los medios dispuestos para recoger, aislar, devolver o intervenir los productos, en el marco de la campaña de seguridad.

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Dentro de la investigación también se probó que Mattel Colombia S.A., en el marco de la campaña de seguridad, solicitó a algunos consumidores la presentación del recibo de compra del producto como condición para acceder a la campaña de seguridad, imponiendo así condiciones adicionales a las señaladas en la ley para hacer efectivos sus derechos.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.

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