En las últimas horas un juez de control de garantías legalizó la captura de cuatro funcionarios de la IPS ‘Resurgir a la Vida’, luego de que la Fiscalía General de la Nación aportara evidencia que los relaciona con torturas en contra de los pacientes que albergaban en su sede en el occidente de Bogotá.
El ente investigador estableció que aislaban a las víctimas y las intimidaban para que no reportaran lo ocurrido a los familiares y en el momento del allanamiento del inmueble fueron recuperadas 35 personas, dos de ellas menores de edad.
Los procesados habrían participado en graves agresiones y torturas a los pacientes; entre otras conductas contra la libertad, la integridad física y emocional, actos que, al parecer, ocurrían en la sede de esta entidad, ubicada en el occidente de Bogotá.
Así mismo, no contaban con personal calificado para tratar las adicciones y adelantar los procesos de recuperación y reinserción social a consumidores de sustancias psicoactivas, objeto con el que había sido creada la IPS. Entre los capturados se encontraban un ingeniero civil y entrenadores físicos, pero ninguno estaba capacitado para atender este tipo de condiciones.
Durante un mes, un equipo destacado por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, (del que hicieron parte, investigadores del CTI, psicólogos, médicos, y psiquiatras forenses; peritos informáticos, entre otros especialistas), realizó labores de vigilancia y seguimiento, e interceptación de comunicaciones; y obtuvo abundante evidencia sobre las distintas conductas ilícitas que se cometían.
Cinco de los presuntos responsables fueron capturados en diligencias de registro y allanamiento, una de ellas realizada en el inmueble donde funcionaba la institución. Adicionalmente, se encontraron un taser de voltaje, dinero en efectivo, computadores, las grabaciones de 28 cámaras de seguridad, bolsas con medicamentos y manillas para inmovilización.
Estas diligencias fueron adelantadas por el CTI, en coordinación con el Gaula Cundinamarca, la Secretaría de Salud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Cuatro de los procesados recibieron medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario. Estos son: Jairo Masmela García, representante legal y director de la IPS; Tiberio y Álvaro Azcárate; y Leonardo Casas. De otra parte, Paula Catalina Betancur Rengifo, seguirá vinculada a la investigación.
Ingreso con engaños
Una denuncia interpuesta por una de las víctimas fue el punto de partida. La verificación de los hechos puestos en conocimiento permitió establecer que, con engaños a las familias, las personas eran internadas en contra de su voluntad. En muchas oportunidades habrían ingresado al inmueble dopadas o amarradas para que no se resistieran.
Los pacientes eran aislados totalmente de los parientes más cercanos. Cuando les permitían algún tipo de comunicación, se las monitoreaban para evitar que revelaran el drama que padecían. Adicionalmente, pedían a los acudientes ropa y elementos personales; sin embargo, los artículos nunca eran entregados.
Tortura y hacinamiento
El material de prueba da cuenta que las víctimas, presuntamente, fueron torturadas por su condición sexual, estado físico, adicción a los estupefacientes y distintas alteraciones en el comportamiento. Adicionalmente, soportaban hacinamiento. Un área habilitada para 25 personas albergaba casi 40, y carecía de accesos, espacios al aire libre y ventilación.
Cada interno que ingresó habría sido desnudado, amarrado y bañado con mangueras y escobas, con el supuesto de que era la forma de limpiarle las impurezas.
Una zona de la IPS, denominada como ‘pasillo azul’, sería el sitio en el que sucedieron las agresiones y torturas, las cuales eran motivadas por el aparente incumplimiento de una tarea o instrucción. En este espacio del inmueble, también les habrían restringido y controlado el acceso al baño para hacer sus necesidades, como otra forma de castigo.
En la investigación se constató que las personas con sobrepeso eran aseguradas con cuerdas durante el almuerzo o la cena para que vieran a los compañeros alimentarse. También se determinó que en la sede se presentaron brotes de varicela y picos de COVID-19, que no fueron atendidos oportunamente.
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Las evidencias indican que los trabajadores de la entidad suministraban medicamentos sin prescripción, y no disponían de un dispensario o espacio de almacenamiento de los productos y tratamientos farmacéuticos para garantizar su conservación.
Para el Fiscal General de la Nación es una prioridad garantizar los derechos y combatir los delitos que afectan a las poblaciones más vulnerables en el país.
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