Nos encontramos ante el nuevo abuso y juego perverso por parte de los actores de la extrema derecha colombiana, son dos las jugadas con las que han iniciado un seguro fraude electoral a gran escala, esto a varios meses de las dos fechas electorales correspondientes a marzo y mayo del 2022. En primera medida con la abolición de la Ley de Garantías Electorales en el Congreso Nacional; y el otro, no menos importante, como lo es el inflar el censo electoral con unos 5 millones de votantes inexistentes.
La mala fe y las intenciones siniestras son las que cobijan la caída de la Ley de Garantías en la entraña del mismo cuerpo legislativo y todos sus partidos a beneficiarios de la extorsión estatal, es así, y de forma vergonzante la misma Presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, presionando a un colega que de manera inaudita no sabía que se estaba votando en ese momento y que con angustia pedía ayuda para saber cómo elegir. “Anatolio vote sí”, le gritaba Arias al representante de Guainía, esto ante la presión de los demás uribistas para que su voto sea afirmativo, la burla de otros y el enojo de los opositores por el abuso y constreñimiento.
Con este mal ejemplo dentro del recinto donde las leyes deben ser a favor de la democracia como equidad de la República, el clientelismo salió triunfante, de nuevo y con el trofeo de guerra de haber acabado este sustento para las instituciones; seguidamente vamos a entrar a un despilfarro y utilización de los recursos públicos en las campañas electorales, de los corruptos y las grandes mafias que ya comenzaron con mucha fuerza, eso sí, con el principal patrocinio del Gobierno y su bancada en el Congreso, quien de manera infame crearon una ley para abolir la que nos les convenía.
Por otra parte, de la manera más cínica y como nos tienen acostumbrado las altas esferas institucionales en el último tiempo; ahora en voz del Registrador Nacional, Alexander Vega, quien arrogante anunció con bombas y platillos que ya no somos 50 millones de colombianos, sino 55, una aberrante jugadita que inclusive dio para un supuesto enfrentamiento con el DANE.
Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), quien hace parte de este Gobierno, afirma que somos 51 millones, lo que deja en evidencia un posible fraude con esa cantidad de cédulas, el mismo Oviedo se sostiene en la cifras del Archivo Nacional de Identificación y el Registro Nacional del Estado Civil.
Oviedo afirma que “las bases de datos pueden haber muchas, pero los fines para estas son distintos”, mientras que Vega respondió, “quienes no tengan confianza en los procesos electorales que no se presenten”. Más allá del enfrentamiento entre los dos directores, es evidente que ya huele a ‘podrido’ el manejo de las próximas elecciones, que definen un cambio real y positivo para el país o la continuidad nefasta que hemos vivido desde la llegada de Iván Duque a la Casa de Nariño.
Con este panorama tan oscuro se requiere de mayor vigilancia ante la duda y la ilegitimidad de las próximas elecciones y frente al desamparo evidente de muchos líderes nacionales que fingen ser salvadores y no son capaces de marcar diferencia frente al fracaso del gobierno actual. Los otros, que siempre se hacen de la vista gorda, son los intocables medios masivos de comunicación, los dos con su silencio cómplice y esperando su tajada frente a lo que puede ser, el quedarnos de nuevo a merced del hampa uribista y un gobierno ‘títere’, que solo se ha presentado útil ante los intereses de lo más poderosos y una represión inmisericorde frente a una justa protesta social.
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