El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) denunció este viernes la política de “negacionismo de Estado” que se vive en el país y que se manifiesta en el continuo asesinato de líderes sociales, campesinos y excombatientes, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
“Asistimos a una política sistemática adversa a la verdad, que promueve el negacionismo de Estado y perpetúa la impunidad por medio de prácticas de censura emprendidas por gremios, partidos políticos, grupos empresariales hegemónicos y militares contra las acciones de memoria y denuncia del movimiento de derechos humanos”, dice un comunicado del Movice.
El movimiento también denuncia la “estigmatización, ocultamiento y encubrimiento de responsabilidades y la imposición de una verdad oficial” que, según dice, está “encaminada a negar las víctimas de la violencia estatal y enaltecer el rol militar como víctimas y héroes”.
El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se celebra cada 9 de abril en Colombia en conmemoración del asesinato en 1948 del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, “el caudillo del pueblo”, lo que derivó en una ola de violencia partidista en el país que aún se refleja en la actualidad.
“Seguimos teniendo las mismas preocupaciones y exigimos que el Estado cumpla los Acuerdos de Paz, que cesen los ataques contra los componentes del Sistema Integral (desmovilizados), que se concrete la posibilidad de participación social y política de las víctimas (…) y que se brinden garantías de seguridad plenas a los líderes y lideresas sociales”, señala el Movice.
El organismo también acusa al Gobierno de Iván Duque de intentar “borrar la memoria de los crímenes de estado e instalar una narrativa negacionista”, y concluye que solo con la adecuada implementación de los Acuerdos de Paz y el reconocimiento a las víctimas se podrá “romper con el ciclo de impunidad estructural que alimenta y perpetúa la violencia en los territorios”.
Por su parte, Duque destacó que su administración tiene una vocación reparadora hacia las víctimas de la violencia en el país y la calificó como “un deber nacional que reconoce que todos los causantes deben actuar”.
El mandatario, quien participó en un acto simbólico con ocasión del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas transmitido en streaming, manifestó que si bien el Estado ha reparado a una cantidad de víctimas, no ocurre lo mismo por parte de los desmovilizados de la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
“Poco hemos visto a los victimarios aportar sus bienes y sus recursos para reparar a quien tanto daño le infligieron”, dijo Duque.
“Esta reparación también debe partir de que todos los colombianos les exijamos a los victimarios que aporten sus recursos para reparar, que no los oculten, y que si los ocultan esa sola condición los tiene que despojar de cualquier tipo de beneficio ante la justicia”, concluyó el mandatario.
Intervención del Movice en el Congreso de la República por el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas:
La Historia de Colombia desde la Masacre (y no homicidio colectivo) de las bananeras hace un siglo, pasando por los múltiples crímenes contra la oposición y contra quienes defienden los derechos colectivos y que lamentablemente no cesan han configurando como lo presentaron las organizaciones de derechos humanos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, un Genocidio que no cesa. 26 masacres se han registrado en nuestro territorio en este 2021. Múltiples son los asesinatos de líderes, una violencia que ustedes señores Representantes y Congresistas deben promover que se detenga.
Nosotros las víctimas de crímenes de Estado nos hemos agrupado para reivindicar la memoria como un instrumento para la verdad, como principio fundamental de los valores de la sociedad. Pero también para recordar que la vida en este país no se valora y que con la cadena de eventos donde se violan los derechos de los colombianos que van desde la estigmatización, la persecución, las amenazas, hasta la tortura, el asesinato, la desaparición forzada o el desplazamiento forzoso se arruina la vida de una familia y con ella varias generaciones se vuelven herederos del dolor. Reivindicamos la justicia aunque la mayoría de crímenes cometidos por agentes estatales y por la fuerza pública o por servidores públicos permanezcan en la impunidad. En la absoluta impunidad. El poeta Chucho Peña, víctima de desaparición forzada y asesinato escribía en los años 80 estos vigentes versos:
Son tantos día a día
los que simplemente no aparecen
que un día no cabrán en el subsuelo
y brotarán y cubrirán todo este territorio
Y en un macabro recorrido
exhibirán el verdadero rostro
de la patria que ofrecen los sicarios.
y así lo vemos cada vez que se remueve la tierra y aparecen fosas comunes con víctimas de asesinato en la modalidad conocida por ustedes como falsos positivos y las más de 100 mil víctimas de desaparición forzada en nuestro país que parece que a ustedes no les indigna y no les causa repudio o por lo menos no legislan para detener un fenómeno que tiene en suspenso, en el vilo, en la absoluta incertidumbre a sus familiares y a seres queridos que preguntan día a día ¿Dónde están? y terminan acudiendo varias décadas después a tribunales internacionales porque aquí no se investiga, no se juzga, no se sanciona, ni se castiga a los responsables de semejante acto de barbarie.
La pandemia ha afectado a todo el planeta y nuestro país no ha sabido enfrentar este desafío de la manera más adecuada para beneficio de la sociedad en su conjunto. Las decisiones que han respaldado algunos Honorables Congresistas y en su conjunto el partido de Gobierno, nos han llevado a que después de proteger los grandes capitales a través de una despilfarradora emisión de decretos que defienden a Banqueros, empresarios, comerciantes y terratenientes gracias al endeudamiento del País con la banca internacional.
Nos preocupa la falta de voluntad para la implementación del Acuerdo con las FARC y el gobierno colombiano, los señalamientos hechos por el Ministro de Defensa frente a la justificación del bombardeo a un campamento donde murieron niños acusándolos de ser máquinas de guerra, desconociendo el derecho internacional y los derechos humanos y gastando casi 900 millones de pesos (en medio de la pandemia) en mejorar una imagen que es imposible de transformar y es la relación de la Fuerza Pública en la violación sistematica, permanente de los derechos humanos. Como también lo hace también la Policía demostrado en las múltiples evidencias sobre los hechos ocurridos en los barrios de Bogotá y Soacha en los meses anteriores.
La violencia sexual contra mujeres y niñas crece día a día, también pandemia se siguen registrando hechos en que las mujeres son abusadas sexualmente, sometidas a diverdas agresiones con el beneplácito del Estado colombiano. Miembros de la Policía y el Ejército Nacional se cuentan entre los victimarios contando con la complicidad de la Fiscalía y el aparato de justicia, que les garantiza impunidad total.
Como víctimas de Estado nos preocupa la situación que ha presentado la emergencia humanitaria sea utilizada y aprovechada para la entrada de miembros de las fuerzas armadas estadounidenses en Colombia. Poniendo al país en riesgo frente a lo que impongan estos ejércitos en la Región y las consecuencias que tendría para nuestro país.
Frente a todo lo anterior, nosotros y nosotras, familiares de víctimas de crímenes de estado del Movice exigimos:
- Detener el genocidio de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de la Habana, defensores de derechos Humanos, campesinos, e indígenas.
2. El cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que el país y la comunidad internacional reclaman, para superar la violencia sociopolítica y las prácticas sociales genocidas en Colombia.
3. Generar medidas eficaces de prevención y sanción ante hechos de agresión criminal hacia las niñas y mujeres del país, siendo contundentes frente a los procesos de prevención, justicia, verdad y reparación.
4. Erradicar al interior de las Fuerzas Militares doctrinas, como la de Seguridad Nacional, que convierten a la población en “enemigo interno” y erradicar la impunidad.
5. Implementar una reforma política carcelaria, que responda al sentido preventivo, de reinserción y respeto a los derechos humanos de las y los prisioneros, de igual manera brindar garantías que impidan la criminalización de la protesta social y el aumento en las cifras de detenidas y detenidos convertidos en “falsos positivos judiciales”.
6. Cumpliendo lo establecido en la Constitución Nacional, el gobierno ordene la salida de las tropas norteamericanas de nuestro territorio.
7. La implementación de la Renta básica universal e inmediata.
Como movimiento Nacional de víctimas de crímenes de estado, reafirmamos nuestra decisión de hacer memoria, exigir la protección de los derechos humanos fundamentales reconocidos a nivel nacional e internacional y exigir que quienes están en los estamentos del poder público cumplan con su función de servir al pueblo colombiano y no a sus propios intereses.
Con información de Sputnik.