La Corte Constitucional de Ecuador exigió el jueves que las autoridades de las funciones Ejecutiva, Legislativa y de Transparencia y Control Social investiguen los hechos registrados hace varios días en cuatro prisiones de ese país.
“Exigir a las autoridades competentes de la Función Ejecutiva, en coordinación con las funciones Legislativa, Judicial y de Transparencia y Control Social, una exhaustiva investigación de los hechos acontecidos en los centros de rehabilitación social del país, conducente a la determinación de responsabilidades civiles, penales, administrativas o políticas que correspondan”, dijo una resolución de la Corte Constitucional.
El pasado 23 de febrero, 80 presos fueron asesinados durante amotinamientos simultáneos en las cuatro cárceles más grandes del país suramericano, en las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi.
La resolución de la Corte Constitucional, además, ordena que el presidente Lenín Moreno convoque de manera inmediata al directorio del organismo técnico del sistema de rehabilitación social para que se instale en sesión permanente, adopte decisiones urgentes para garantizar la seguridad en los centros carcelarios, y diseñe una propuesta de política pública integral, debidamente financiada, que brinde soluciones estructurales efectivas a la crisis en el sistema de rehabilitación social.
La CC dispone también que dicho organismo articule con las carteras de Finanzas y de Trabajo para ejecutar medidas a corto plazo para fortalecer la institucionalidad del sistema de rehabilitación social.
En mayo de 2019, el Gobierno de Lenín Moreno decretó una emergencia carcelaria que duró hasta fines de ese año.
En agosto de 2020, Moreno declaró el estado de excepción en todas las cárceles del país por las situaciones de violencia que se habían presentado al interior de los centros penitenciarios.
El dictamen de la CC sostiene que los hechos de violencia ocurridos hace nueve días en cuatro prisiones pudieron haber sido evitados, pues son el producto de las fallas estructurales que presenta el sistema de rehabilitación social, que fueron identificadas desde el primer estado de excepción.
Por esta razón, la CC condenó que las medidas extraordinarias adoptadas en el marco de los estados de excepción para controlar y prevenir la violencia en las cárceles no hayan mostrado resultados tangibles.
La Corte recordó la posición de garante que tiene el Estado frente a los derechos de las personas privadas de libertad, quienes se encuentran bajo su custodia y responsabilidad, y el deber de responder por las acciones u omisiones que vulneran derechos.
Las cárceles de Ecuador albergan a unos 38.000 detenidos, con un hacinamiento de un 35 por ciento.
Con información de Sputnik.