La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP, justicia transicional) anunció este jueves que priorizó en seis zonas del país la primera fase de las investigaciones por un total de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, en hechos ocurridos entre 2002 y 2008.
“En seis territorios del país se concentra la primera fase de investigación del Caso 03, ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado’; así lo dio a conocer a través del Auto 033 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad”, señala el comunicado de la JEP.
Según ese tribunal de paz, creado en el marco de los diálogos de paz de La Habana, las seis regiones en las que se priorizarán las investigaciones son Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta.
“Esta decisión se tomó tras un exhaustivo proceso de contrastación de información que, entre otras cosas, incluyó cuatro bases de datos que permitieron a la Jurisdicción determinar la dimensión del fenómeno macrocriminal”, agrega el texto.
El proceso arrojó, entre otros resultados, que por lo menos 6.402 personas fueron víctimas de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate en Colombia entre los años 2002 y 2008.
La JEP también señaló que el 66 por ciento del total nacional de víctimas se concentró en diez departamentos, incluidos todos los territorios priorizados durante dicho periodo.
Aunque las cifras del número de víctimas de “falsos positivos” difieren entre las que manejan la justicia ordinaria y diversos centros de estudio, lo cierto es que las distintas fuentes oficiales y no gubernamentales identificaron el periodo de 2002 a 2008 como el de mayor número de crímenes de esta índole.
El resultado muestra que durante esa etapa, justo durante los años de Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), se registró el 78 por ciento del total de las víctimas de “falsos positivos”.
Según la JEP, las fuentes también coinciden en que el registro de “falsos positivos” cayó drásticamente en 2009, al pasar de 792 víctimas en 2008 a 122 casos en el año siguiente.
Mediante esa práctica los militares buscaban prebendas y ascensos, por lo que asesinaron a miles de jóvenes en varias regiones del país, a quienes hicieron pasar como guerrilleros caídos en combate.
“Con el universo de hechos y conductas que componen el caso delimitado, se aplicaron los criterios de priorización que hoy permitieron establecer un orden razonable de atención para los mismos y asignar recursos”, agrega el comunicado de la JEP.
Por último, señala que la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad concedió a las víctimas acreditadas en el caso un plazo de quince días hábiles para presentar observaciones sobre las decisiones adoptadas por la magistratura en ese auto.
Con información de Sputnik.