Los ataques violentos contra aldeas y ciudades obligan a los padres a huir “para proteger a sus hijos de la violencia sexual, el secuestro, el reclutamiento, las mutilaciones y la muerte”.
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El 1 de mayo, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que otras 800.000 personas podrían abandonar Sudán en las próximas semanas.
Las mayores congregaciones se realizan en Jartum, la capital sudanesa, donde las protestas ocurren casi todas las semanas frente al palacio de la República.
Además, algunos barrios de Jartum se han quedado sin internet, el aeropuerto está inoperativo y varios puentes importantes están bloqueados.
Según el viceministro de Exteriores del país, Mohamed Sharif, esa intentona fue limitada, ya que no hubo “ningún intento explícito” de injerencia extranjera en este asunto, pero requiere una mayor investigación.
Se sospecha que la asonada ha sido obra de seguidores del depuesto presidente Omar al Bashir. Al menos 40 oficiales golpistas fueron detenidos hasta el momento.