El oficial fue declarado responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida; mientras que los otros uniformados serán sentenciados por favorecimiento. La pena les será impuesta en diligencia que se realizará el próximo 13 de febrero.

El oficial fue declarado responsable del delito de homicidio agravado en persona protegida; mientras que los otros uniformados serán sentenciados por favorecimiento. La pena les será impuesta en diligencia que se realizará el próximo 13 de febrero.
[VIDEO] Las propiedades están representadas en 21 inmuebles rurales, 22 predios urbanos, 22 vehículos, 3 establecimientos de comercio, 1 sociedad y 80 semovientes, ubicadas en Valle del Cauca, Atlántico, Santander, Cundinamarca, Casanare y Guaviare.
Miguel Quichoya Guzmán fue detenido en el municipio de Puerto Caicedo y deberá responder ante la justicia por delitos de homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.
[FOTOS+VIDEO] Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado, tortura; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Chacón había sido acusada a fines del año pasado de haber participado junto a otras personas en la organización del homicidio del fiscal, que investigaba varios casos de crimen organizado en Paraguay.
Los hechos investigados ocurrieron durante 2018 y hasta mediados de 2019, cuando el oficial se desempeñaba como comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N°2 (FUDRA), con sede en Tumaco (Nariño).
[FOTOS+VIDEO] Fueron capturados y judicializados 18 presuntos integrantes de la organización ilegal, entre ellos el señalado cabecilla alias “Happy”, alias “Cachorro” y alias “Orejas”, a quienes se les atribuye la comisión de varios homicidios.
Los elementos de prueba indican que habría sido transgredida una prohibición que impedía a las personas procesadas penalmente por delitos contra la administración pública hacer aportes a cualquier campaña política.
El ente acusador estableció que el exdiputado no declaró el ingreso de grandes fondos a su patrimonio e identificó gastos que no podían ser cubiertos con su salario como legislador.
Una de las víctimas avisó a la Policía la ubicación del smartphone que le había sido hurtado, lo cual permitió hallar los demás en una vivienda del barrio Altos de la Colina en la capital de Nariño.