Los elementos de prueba dan cuenta de que las personas capturadas estarían involucradas en las acciones ilícitas realizadas luego de que la exjefe de Gabinete de la Presidencia denunciara la pérdida de un dinero en su lugar de residencia.
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Los exfuncionarios habrían participado en un plan criminal en el que se hizo pasar a un hombre como sicario para dispararle indiscriminadamente y, en medio de la confusión, causarle la muerte al entonces candidato presidencial. En los hechos también resultaron heridos Ernesto Samper y seis personas más.
Adicionalmente, se estableció que en algunas oportunidades habrían realizado procedimientos irregulares para apoderase de sustancias ilícitas, armas y otros elementos que les representaran ganancias económicas.
Los procesados, entre los que también se encuentran un contratista y un exinterventor, habrían participado de manera colectiva en decisiones que aumentaron significativamente el contrato original en su presupuesto y terminaron por beneficiar a la concesionaria de Odebrecht.
[VIDEO] En la operación se realizaron cinco allanamientos donde se incautaron dos armas de fuego, dos proveedores para pistola, cartuchos calibre 9 milímetros, 200 gramos de clorhidrato de cocaína, seis teléfonos celulares y $6’282.000 en efectivo.
“Era de pleno conocimiento del Inpec y estaba consignado en los sistemas oficiales, desde el 15 de septiembre de 2018, la medida que pesaba en contra de Francisco Javier Zuluaga Lindo, la cual no fue tenida en cuenta a la hora de dejarlo en libertad”, registra el comunicado.
La juez de conocimiento fijó para finales de septiembre la audiencia en la que se dará a conocer la condena para los dos coroneles en retiro.
Las dos mujeres harían parte de una oficina de sicarios que delinque en Cali (Valle) y fue contratada por la disidencia Segunda Marquetalia para adelantar un plan pistola contra agentes de la institución en Nariño.
La víspera, se realizó una reunión en la cual el Ministerio de Defensa determinó que no hay información adicional a la existente sobre la mencionada intención terrorista.
La mujer hizo parte de una organización ilegal que instaló un programa malicioso para vulnerar las cuentas del municipio cundinamarqués.