El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había aceptado reunirse con Serguéi Lavrov este jueves, para hablar de las respectivas preocupaciones de sus país sobre la seguridad europea, “pero sólo si Rusia no invadía Ucrania”.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, había aceptado reunirse con Serguéi Lavrov este jueves, para hablar de las respectivas preocupaciones de sus país sobre la seguridad europea, “pero sólo si Rusia no invadía Ucrania”.
“El presidente Biden emitirá una orden ejecutiva que prohibirá nuevas inversiones, comercio y financiación por parte de personas estadounidenses hacia, desde o en las llamadas regiones Donetsk y Lugansk de Ucrania”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki.
La alerta de seguridad emitida por la embajada norteamericana habla de amenazas de ataques contra centros comerciales y lugares de afluencia pública, así como en áreas de mayor tensión a lo largo de la frontera rusa con Ucrania.
La embajada remarcó que Rusia no tiene nada que ver con los sucesos mencionados y, de hecho, nunca llevó ni lleva a cabo este tipo de operaciones.
Estonia, Suiza e Israel también asumen esta decisión ante la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, algo que se interpretaría como preparativos para una posible invasión. Rusia rechaza esas sospechas.
“Animamos a todos los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania a que se vayan lo antes posible. Y en cualquier caso, en las próximas 24 a 48 horas”, dijo el consejero de Seguridad Nacional de EEUU, Jake Sullivan.
Dmitri Polianski señaló que a Rusia le preocupa la presencia de 175.000 militares estadounidenses fuera de EEUU, y el acercamiento de las fuerzas de la Alianza Atlántica a sus fronteras nacionales.
El presidente de Estados Unidos dijo que las cosas en Europa del Este podrían volverse locas rápidamente y dijo “Los ciudadanos estadounidenses deberían irse ahora”.
Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de la Casa Blanca, anunció además, que Washington destinaría ocho millones de dólares para apoyar a la Policía Nacional en cuanto a derechos humanos y transparencia en la institución.
Morales consideró que las denuncias que lo relacionaban con las actividades ilícitas por las que se procesa a Maximiliano Dávila eran parte de una política estadounidense que buscaba afectar a los sindicatos cocaleros del Chapare que él lidera.