La Fiscalía explicó que con estas capturas ya son cuatro personas judicializadas por el crimen, ocurrido el pasado 3 de abril en una vía del municipio de Puerto Concordia (Meta).
“Colombia goza de un marco legal para la protección del derecho a la reunión pacífica. Recordamos que es necesario reforzar los métodos de gestión democrática, parar asegurar el pleno ejercicio de este derecho que debe ser protegido por el Estado, incluso de acciones de terceros”, agregó la ONU Human Rights.