La seguridad en las elecciones de Colombia ya no depende únicamente de proteger urnas, sistemas de votación o infraestructura crítica. La expansión de la inteligencia artificial generativa, la desinformación automatizada y las campañas de suplantación digital están trasladando parte del riesgo electoral hacia un terreno con implicaciones mucho más amplias: la confianza institucional y la estabilidad de los ecosistemas digitales.

En América Latina, el problema comienza a escalar rápidamente. El avance de imágenes manipuladas, voces clonadas y redes de cuentas falsas impulsadas por IA comienza a plantear un desafío que va más allá de la tecnología.  Según datos del Reporte de Fraude de Identidad de Sumsub 2025-2026, Colombia vio su tasa de fraude aumentar al 2.6% de todos los intentos de verificación (+76% interanual) posicionándose en el tercer lugar de países con más fraudes en Latinoamérica. A estas cifras de fraude local se suma que durante el mismo periodo se registraron 94 ciberataques por segundo al sistema financiero, de acuerdo con la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia.

“Para proteger a la democracia en estos tiempos vertiginosos, es crítico ampliar el paradigma del fraude electoral. Los electores están siendo manipulados con imágenes IA-reales que mientras parecen ciertas, de manera distópica alimentan el desprecio y el odio de los contradictores políticos y esto es tan dañino como la tradicional compra de votos. Es por eso que la convergencia entre política y tecnología está redefiniendo el concepto de integridad electoral.

“Hoy el desafío no se limita a proteger procesos con testigos electorales, sino a gestionar riesgos asociados a información, autenticidad digital y legitimidad en un entorno donde las herramientas tecnológicas evolucionan más rápido que las instituciones”, afirmaron Pablo Cárdenas y Diego Baquero de Cauce.co, un do-tank que busca tender puentes público-privados.

“Esta tarea no solo es del Estado sino de la sociedad civil y el sector privado, quienes deben dedicar recursos y esfuerzos de “higiene” informativa para que cada ciudadano tenga criterio para defenderse de la (IA) realidad”, añadieron.

En este contexto, Colombia enfrenta un momento especialmente sensible. A medida que se aproxima el próximo ciclo presidencial, aumentan los riesgos relacionados con campañas de desinformación, identidades sintéticas y contenido manipulado capaces de erosionar uno de los activos más importantes de cualquier democracia: la confianza del electorado y la credibilidad de las instituciones.

“El desafío de la era sintética no es únicamente tecnológico. Es, sobre todo, un reto de confianza pública, resiliencia institucional y capacidad democrática para adaptarse a un entorno donde ver ya no siempre significa creer”, afirmó Ricardo Isais, Responsable de Relaciones con Gobierno de Sumsub para Latinoamérica.

La confianza institucional también enfrenta riesgos digitales

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) identificó más de 150 campañas de desinformación agrupadas en 15 narrativas principales relacionadas con el proceso electoral colombiano. Parte importante de estos contenidos estuvo dirigida contra las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral: el 51% de los mensajes asociados a desconfianza electoral apuntaron específicamente contra la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En este contexto, el presidente del CNE resumió recientemente el desafío central del próximo ciclo electoral con una frase que se ha vuelto cada vez más relevante frente al avance de la IA: “el principal desafío no es el fraude, sino la desinformación”.

A esto se suma el crecimiento del fraude digital sofisticado en la región.  De acuerdo con el reporte de Sumsub citado, los fraudes con identidades falsas, que usan datos personales y fotografías manipuladas para engañar procesos de onboarding, casi se triplicaron entre 2024 y 2025, y representan el 7.3% del fraude en América Latina. Además, el fraude con formatos predeterminados creció 56% interanual y los intentos de evadir controles de verificación de pruebas de vida (liveness, o comprobaciones biométricas faciales) aumentaron 60% interanual, lo que evidencia una operación cada vez más organizada y sistemática de las redes de fraude.

Siguiendo con el informe de Sumsub y datos locales, en Colombia el uso de IA para la creación de deepfakes creció entre 2024 y 2025 pasando de 1.01% a 2.98%, es decir un +77% interanual. Dicho fraude representa el 11% del total de crímenes digitales a nivel global, un fenómeno que también está redefiniendo cómo afecta la IA a la seguridad en las elecciones y a la confianza pública en procesos democráticos.

Verificación de identidad digital y protección de la confianza pública

Frente a este escenario, instituciones públicas y organizaciones en América Latina están recurriendo cada vez más a herramientas tecnológicas enfocadas en detectar deepfakes, detectar inteligencia artificial en documentos oficiales, prevenir intentos de suplantación y limitar la propagación de contenido manipulado antes de que alcance una difusión masiva.

Más allá de prevenir fraude digital, estas capacidades comienzan a adquirir un valor estratégico dentro de procesos democráticos y ecosistemas digitales donde la autenticidad de la información se vuelve cada vez más relevante para preservar confianza pública y estabilidad institucional.

Entre las tecnologías que hoy fortalecen la verificación de identidad digital y prevención de deepfakes destacan:

• Verificación biométrica y autenticación facial.
• Pruebas de vida (liveness, o comprobaciones biométricas faciales)
• Sistemas de detección de fraude impulsados por IA.
• Monitoreo continuo de riesgos y comportamiento digital.
• Detección de identidades sintéticas y documentos manipulados.

La resiliencia democrática también depende de la colaboración digital

Sin embargo, la seguridad en las elecciones no puede depender únicamente de la tecnología. En un escenario electoral, también son necesarias medidas institucionales y mecanismos de coordinación pública capaces de fortalecer la integridad de la información durante periodos de alta polarización y circulación de contenido manipulado.

Algunas acciones concretas podrían incluir compromisos de trazabilidad y autenticidad de contenidos bajo estándares como C2PA; acuerdos voluntarios de divulgación para piezas políticas generadas o alteradas con IA; y una fuerza de tarea interinstitucional sobre identidades sintéticas que articule esfuerzos entre Registraduría, CNE, MinTIC y ColCERT.

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“A medida que la IA se vuelve más accesible, proteger la confianza digital, la autenticidad y la transparencia en línea es cada vez más importante para la resiliencia democrática y la sostenibilidad de los ecosistemas digitales. En este contexto, aprender cómo detectar deepfakes y fortalecer la verificación de identidad digital será cada vez más importante para resguardar la confianza pública y la integridad de los procesos electorales”, concluyó Isais.

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Las recientes inundaciones en distintas regiones de Colombia no solo han dejado pérdidas materiales; también han puesto en evidencia la capacidad de respuesta, adaptación y resiliencia de miles de micronegocios que, a pesar de la adversidad, siguen siendo el motor de la economía local. En este contexto, el cambio climático ya no es un riesgo futuro: es una realidad que está transformando la forma en que producimos, financiamos y crecemos como país.

Hoy, el reto no es menor, pero el sector microfinanciero parte de una posición estratégica única. De acuerdo con un análisis del gremio, realizado de la mano de 10 entidades asociadas, más del 70 % de las microfinancieras en Colombia tienen un enfoque prioritario en población rural, precisamente la más expuesta a los efectos climáticos. Esto significa que el sector no solo está presente en los territorios más vulnerables, sino que tiene un rol directo en la protección del medio ambiente.

Además, aunque cerca del 50 % de las entidades identifica formalmente el riesgo climático, la realidad es que el 100 % ya está operando en contextos donde este riesgo es determinante. Esta cercanía con el territorio convierte al sector en un actor clave —y cada vez más protagonista— en la conversación sobre sostenibilidad, especialmente en materia de adaptación.

Y es aquí donde radica su mayor fortaleza: el sector microfinanciero no solo financia, transforma. Acompaña a pequeños productores, comerciantes y emprendedores a adaptarse, a innovar y a sostener sus ingresos en medio de condiciones cambiantes. En América Latina, el sector microfinanciero ya alcanza a más de 22 millones de clientes, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), lo que evidencia su escala y su capacidad para incidir directamente en la sostenibilidad de la economía real.

Hablar de sostenibilidad en microfinanzas no es una tendencia; es una necesidad estratégica. Implica integrar criterios ambientales en cada decisión crediticia, fortalecer los sistemas de gestión de riesgo climático y diseñar productos financieros que respondan a nuevas realidades productivas. Pero también implica generar oportunidades: el impulso al empleo verde, la transición hacia prácticas productivas más sostenibles y la inclusión de comunidades históricamente excluidas en esta agenda.

En este camino, el gremio ya avanza con determinación. Iniciativas de cooperación internacional, de la mano de aliados como la Unión Europea, han permitido promover empleo verde en regiones como Antioquia y Huila, articulando esfuerzos entre organizaciones sociales, emprendimientos locales y actores productivos. Además, entidades del sector de la talla de Bancamía han liderado iniciativas ejemplares en este aspecto como lo es la emisión del Bono Amazonía, primero en el mundo gestionado por una entidad privada y suscrito por BID Invest por un monto de $80.000 millones, con el que buscan apoyar a microempresas en municipios amazónicos y fortalecer la inclusión financiera en esta región del país.

A este avance en materia de sostenibilidad también se suma una herramienta poderosa: la educación financiera. Actualmente, el 90 % de las entidades microfinancieras cuenta con programas en este frente, lo que representa una oportunidad concreta para incorporar contenidos sobre sostenibilidad, adaptación y gestión del riesgo climático a gran escala.

El desafío ahora es escalar. Convertir estos esfuerzos en una práctica transversal, medible y sistemática. Fortalecer capacidades, mejorar la calidad de la información y profundizar la articulación entre actores será clave para consolidar al sector como un líder indiscutible en sostenibilidad.

Las cifras son claras: según el Banco Mundial, el cambio climático podría empujar a hasta 5,8 millones de personas hacia la pobreza extrema en América Latina en los próximos años si no se toman medidas urgentes. Frente a este escenario, el sector microfinanciero no es un actor secundario; es un habilitador esencial de soluciones.

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Porque si algo ha demostrado Colombia es que la resiliencia se construye desde lo local. Y en ese proceso, Asomicrofinanzas tiene un rol vital: no solo mitigar riesgos, sino liderar la transición hacia una economía más sostenible, inclusiva y preparada para el futuro.

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_{Por: Maria Clara Hoyos,
presidente ejecutiva de Asomicrofinanza.}

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Uno de los mitos más persistentes sobre las criptomonedas es que se dice que son una herramienta privilegiada para el crimen. La realidad que muestran los datos es muy distinta y vale la pena contarla.

Según el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, la firma de análisis blockchain más reconocida del mundo, solo el 0.14% del volumen total de transacciones en criptomonedas en 2024 estuvo vinculado a actividad ilícita. En contraste, la UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) estima que entre el 2% y el 5% del PIB global, es decir, entre USD 800.000 millones y USD 2 billones, se lava anualmente a través del sistema financiero tradicional. Las cifras hablan por sí solas: el dinero en efectivo sigue siendo el principal vehículo del crimen financiero, no las criptomonedas.

Lo que hace única a la tecnología blockchain es precisamente lo opuesto a lo que el mito sostiene: cada transacción queda registrada de forma permanente, pública e inmutable. Eso convierte a la cadena de bloques en una herramienta extraordinariamente útil para los investigadores, sin equivalente en el sistema financiero tradicional.

En Binance lo vivimos de primera mano. En 2025, atendimos 72.632 solicitudes de organismos de ley a nivel global, colaborando activamente con autoridades en más de 100 países. En América Latina, ayudamos a incautar más de USD 2,1 millones en fondos ilícitos, incluyendo USD 403.287 en Colombia, el segundo país de la región con mayor volumen de incautaciones asistidas por Binance. Además, realizamos 8 entrenamientos a fuerzas del orden y Unidades de Inteligencia Financiera en Colombia, con 258 participantes capacitados.

Estos resultados no son casualidad. Binance opera el programa de entrenamiento a fuerzas del orden más grande de la industria, con más de 188 eventos globales y más de 15.000 participantes en 2025. La colaboración con las autoridades no es opcional: es parte de nuestra razón de ser.

Colombia tiene una oportunidad única para liderar la adopción cripto responsable en la región. La regulación avanza, las autoridades se capacitan y millones de ciudadanos están descubriendo nuevas herramientas para ahorrar, invertir y participar en la economía global, muchos de ellos por primera vez. Las criptomonedas democratizan el acceso a servicios financieros, reducen costos de transacción y abren mercados que antes requerían intermediarios costosos o infraestructura bancaria que no llegaba a todos.

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La tecnología no es el problema: es parte de la solución. Y la respuesta más efectiva para aprovechar su potencial es regulación inteligente, educación y colaboración público-privada. En Binance estamos comprometidos con construir ese futuro junto a Colombia.

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_{Por: Daniel Acosta, gerente general de Binance
para Colombia y Latam Norte.}

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Los estudios de impacto ambiental y social no deben ser un proceso externo que consulta a las comunidades, sino uno que las incluye desde el diseño y ejecución, porque solo así se entiende la realidad comunitaria y se logra justicia territorial.

Nací en el Cabo de la Vela, en la comunidad Wayúu del ei´ruku Ipuana. Desde niña mis mayores me enseñaron a amar mi territorio. Ellas me enseñaron que la tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a ella. Ese legado me llevó a convertirme en lideresa y gestora cultural, para servir a mi comunidad y proteger lo que somos.

Hace un año iniciamos diálogos con la empresa AES Colombia. Desde entonces hemos mantenido una comunicación abierta, aunque con retos importantes. Todo comenzó cuando la empresa realizó estudios en el territorio y señaló que el viento era favorable para desarrollar un proyecto eólico. A partir de allí se acordó una ruta metodológica con varios puntos, siempre bajo la condición de que el diálogo fuera genuino y transparente.

Hoy estamos en la etapa de la matriz de impactos y medidas. La empresa presentó su versión a la comunidad, pero de forma poco clara: con información en inglés y sin un análisis sobre la dimensión espiritual del territorio. Ante esta situación, pedimos explicaciones más comprensibles, y en respuesta, elaboramos nuestra propia matriz con el apoyo de un grupo de profesionales – ingenieros ambientales, un economista y un abogado que acompañaron el proceso desde una mirada cultural, espiritual, ambiental y social.

Hablar de impactos no es solo hablar de dinero, es hablar de la vida, de las personas, de los animales, de nuestra conexión espiritual con la tierra. Por eso las medidas para prevenir, mitigar, reparar y compensar deben responder adecuadamente a los efectos que estos proyectos generan. Asimismo, la compensación, cuando aplique, debe ser justa y proporcional al valor del territorio, y contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades.

La situación se tornó más interesante desde que Ecopetrol se unió al proyecto junto con AES Colombia y acogió los hallazgos de nuestra matriz comunitaria. La discusión es amplia, y nuestros mayores tienen un papel esencial. Recuerdo las palabras sabias del abuelo Cayetano Ipuana: “A esta tierra la vienen a enamorar muchos alijunas (personas no Wayuu). Si la van a enamorar, se le debe valorar por lo que ella vale” .

He escuchado también las voces de otras comunidades que enfrentan procesos similares. Muchas empresas se quejan de las demoras en las consultas previas o los conflictos sociales, pero pocas reconocen las causas profundas: la falta de información clara, el irrespeto por los tiempos culturales y la ausencia de un diálogo verdadero.

Recientemente tuve una experiencia transformadora en Brasil en un intercambio cultural como participante del diplomado “Diálogo intercultural, energía eólica y participación comunitaria” donde conocí a la comunidad Mendonça–Potiguara; compartir con otros pueblos indígenas me permitió entender que la tierra es un ser vivo que respira con nosotros. Escuchar hablar de los ríos, los animales y las luchas por la vida me hizo sentir que la naturaleza es nuestra familia. Aunque somos de territorios distintos, compartimos una misma causa: proteger la vida y la identidad cultural.

La fuerza y la resistencia de las comunidades indígenas brasileñas que, aun sin reconocimiento oficial se siguen defendiendo, reafirma que la dignidad no se negocia. En las ceremonias y danzas compartidas sentí que nuestras espiritualidades, aunque distintas, laten al mismo ritmo. Entendí que el diálogo es el camino y que la esperanza se construye en comunidad.

De esa visita aprendí algo clave para La Guajira: los parques eólicos no son solo proyectos de energía. Son decisiones que afectan la vida, la espiritualidad y la cultura de nuestros pueblos. Por eso, la transición energética debe ser también una transición justa, donde las comunidades no solo asuman los impactos, sino también participen de los beneficios sociales, ambientales y económicos definidos con ellas y para ellas.

En La Guajira tenemos el viento, el sol y la sabiduría ancestral. Queremos ser parte del futuro, sin perder nuestras raíces, que los proyectos lleguen, sí, pero con acuerdos colectivos. Porque una transición energética sin justicia social no es una verdadera transición, es otra forma de despojo.

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Cuando las empresas construyen matrices de impactos incorporando el conocimiento local de las comunidades, se configura un nuevo modelo de gobernanza energética desde el territorio. Escuchar a las comunidades no es una concesión, es el primer paso hacia un país más justo y con energías que construyan dignidad.

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Por: Marlene Rosado
Lideresa Wayuu Del ei´ruku Ipuana,
comunidad Paacky Jeketumana Uribia, La Guajira

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Cuidar la salud de las personas implica, inevitablemente, cuidar el planeta. El sistema sanitario, que nació para preservar la vida, también genera una huella ambiental importante: la organización Health Care Without Harm^[1] estima que es el quinto mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, más que la aviación o el transporte marítimo. En países como Colombia, de acuerdo con Expansión, las emisiones anuales totales de este sector rondaron las 100 megatoneladas^[2] en 2023. Por ende, avanzar hacia una atención médica más sostenible ya no es una opción, sino una responsabilidad compartida.

El reto es grande: ofrecer diagnósticos y tratamientos cada vez más precisos, pero hacerlo de forma más eficiente, humana y respetuosa con el entorno. En los últimos años, la tecnología se ha convertido en una aliada clave de esa transformación. Hoy vemos cómo la digitalización, la automatización y el análisis inteligente de datos están ayudando a optimizar los recursos hospitalarios, reducir el consumo energético y hacer más ágiles los flujos de trabajo clínico.

Al hablar de sostenibilidad en el sector sanitario también implica el diseño con conciencia. Cada avance técnico puede y debe nacer con una mirada responsable: usar materiales reciclables, prolongar la vida útil de los equipos, facilitar su actualización o reacondicionamiento y minimizar residuos. Un ejemplo para remarcar a nivel global es el programa GoldSeal, que reacondiciona aproximadamente el 95% de la mayoría de los sistemas. En un año típico, esta iniciativa recicla aproximadamente 8.000 piezas de equipos de imagen y ecografía.

También existen innovaciones que impactan directamente la huella de carbono sin comprometer la calidad diagnóstica. Algunos sistemas de imagen, por ejemplo, permiten conservar componentes magnéticos existentes mientras se actualizan las partes electrónicas del equipo. Este tipo de modernización ha demostrado evitar hasta 100 toneladas de emisiones de CO₂ por instalación en comparación con un reemplazo completo, al reducir la producción y transporte de imanes de gran tamaño.

La innovación no solo mejora resultados, también aligera la carga de los equipos médicos y multiplica su impacto. Esa lógica circular, que ya inspira muchas iniciativas del sector, demuestra que cuidar el planeta no es incompatible con ampliar el acceso a la tecnología médica, sino todo lo contrario: es lo que la hace verdaderamente accesible y duradera.

La innovación cobra sentido cuando mejora la vida de las personas. Aunque muchas empresas del sector son jóvenes en su estructura, llevan más de un siglo impulsando descubrimientos que han transformado la práctica médica. Esa experiencia ha demostrado que el futuro del cuidado de la salud no depende solo de la tecnología, sino de cómo la ponemos al servicio de las personas. Hoy la meta es construir un sistema sanitario sin límites, donde cada diagnóstico, tratamiento y recuperación sean más precisos, conectados y compasivos.

La sostenibilidad es parte de ese propósito. En los últimos años, hemos avanzado en la reducción de emisiones operativas y en el uso de energías renovables, alcanzando niveles de hasta 27% de consumo proveniente de fuentes limpias gracias a la generación in situ, la compra de energía verde y los certificados renovables. Pero más allá de los porcentajes, lo relevante es la manera en que estos cambios comienzan a transformar la cultura operativa de la salud.

A su vez, se está produciendo un cambio cultural que empieza a permear la forma de comprender la atención sanitaria desde un propósito compartido de reducir la huella ambiental del sector salud y contribuir a mejorar la salud ambiental pública. En Colombia, por ejemplo, centros sanitarios públicos y privados^[3] se han unido a la iniciativa Red Global de Hospitales Verdes, una comunidad internacional de más de 2.000 miembros y 87 países que representan los intereses de más de 70.000 hospitales y centros de salud.

Al observar cómo todos los actores del sector unen esfuerzos en pro de la atención sostenible a los usuarios y después de más de 125 años acompañando a médicos y pacientes, hay una certeza: la tecnología por sí sola no basta. Lo que realmente transforma la atención sanitaria es la capacidad de escuchar, colaborar y adaptarse. Por eso, el futuro del sector no solo se medirá en avances científicos, sino en cómo éstos contribuyen a un planeta más sano, a profesionales más motivados y a comunidades más resilientes.

En última instancia, la sostenibilidad es una forma de entender el cuidado: una en la que la precisión y la humanidad laten al mismo ritmo. Y ese ritmo —cada vez más consciente y colaborativo— es el nuevo pulso vital de la atención sanitaria.

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Referencias

[1] Información de ONG Health Care Without Harm. Consulte aquí.
[2] Información de Expansión. Consulte aquí.
[3] Información de la Red de Hospitales Verdes y Saludables. Consulte aquí.

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La inteligencia artificial en la educación no representa únicamente un avance tecnológico, sino una transformación profundamente humana y pedagógica. Lejos de ser una amenaza, impulsa a repensar el papel de los docentes, las competencias de los estudiantes y la ética del aprendizaje.

La historia reciente de la humanidad ha estado marcada por la evolución del conocimiento y el acceso a la información: desde las enciclopedias hasta los buscadores en internet. Hoy, la conversación gira en torno a la Inteligencia Artificial (IA) y su impacto en la educación. Más allá del temor al plagio o al uso indebido de herramientas digitales, el verdadero debate se centra en cómo esta tecnología redefine la forma en que aprenden los humanos del futuro.

A continuación, presentamos cinco reflexiones clave para entender más ese impacto en el ecosistema educativo actual, perspectivas sobre las que la Universidad Ean sustenta su oferta académica.

1. De la fábrica al taller: la IA como herramienta de personalización La IA no es una fábrica de conocimiento masivo, se asemeja más a un sastre que confecciona aprendizajes a la medida. Según McKinsey & Company, firma global de consultoría de gestión, la personalización puede incrementar el rendimiento estudiantil hasta en un 30% y el compromiso en un 60%. Con itinerarios adaptativos y retroalimentación inmediata, los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, potenciando la diversidad de sus habilidades.

2. El riesgo invisible: la discriminación algorítmica El mayor desafío legal y ético no es el engaño, sino la posible discriminación silenciosa causada por algoritmos sesgados. Los sistemas de IA pueden replicar desigualdades históricas de género, clase o inclusión. La Ley de IA de la Unión Europea considera las soluciones educativas como de “alto riesgo” y exige supervisión humana, transparencia y datos de calidad. La educación debe garantizar un aprendizaje justo y equitativo, derribando barreras invisibles en lugar de perpetuarlas.

3. Los profesores no serán reemplazados: serán liberados La automatización no sustituye al docente, lo libera. Hasta un 20% de las tareas administrativas y de preparación podrían automatizarse, permitiendo que los profesores se enfoquen en lo que las máquinas no pueden replicar: la conexión humana, el pensamiento crítico y la formación socioemocional. El Foro Económico Mundial proyecta que los roles de mentoría y liderazgo educativo serán cada vez más relevantes.

4. El riesgo del pensamiento automático La dependencia inconsciente de la IA puede atrofiar el pensamiento crítico. Las herramientas generativas, al ofrecer respuestas instantáneas, pueden debilitar la capacidad de formular preguntas y de razonar éticamente. Los modelos de lenguaje son predictivos, no reflexivos. Por ello, la educación debe enseñar a “pensar con la IA”, desarrollando habilidades para explorar, cuestionar y crear desde la ética y la evidencia.

5. La alfabetización en IA: una nueva competencia esencial Comprender la IA ya no es opcional. Es una competencia básica para la ciudadanía digital y un requisito profesional emergente. La legislación europea exige que quienes implementen sistemas de IA cuenten con formación en esta materia. En la Universidad Ean, esta alfabetización tecnológica y ética se promueve como base para el uso responsable de la innovación, fortaleciendo la confianza y la transparencia en el aprendizaje.

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Estamos presenciando el comienzo de un futuro en el que las máquinas serán más inteligentes, por eso el desafío real es formar humanos más sabios. La inteligencia artificial no sustituye la educación: la transforma. Su integración debe priorizar la personalización, la equidad y la liberación del potencial humano sobre la simple automatización.

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_{Por: Jeffrey León – Pulido PhD.
Decano Facultad de Ingeniería
Universidad EAN}

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En Colombia solemos debatir sobre la energía en términos de costos o cobertura, pero rara vez reflexionamos sobre la seguridad de la infraestructura que la hace posible. La red eléctrica es hoy la columna vertebral que sostiene gran parte de la vida moderna. Esa misma relevancia, sin embargo, la convierte en un blanco vulnerable que el país no puede darse el lujo de ignorar.

Las cifras muestran la magnitud del reto. Solo en el primer semestre de 2024, Enel Colombia registró 14.753 casos de hurto de energía en Bogotá y Cundinamarca, con pérdidas de 115 GWh, suficientes para abastecer a 148.500 hogares durante un mes. A ello se suman más de seis kilómetros de cable robados, valorados en $1.100 millones. Pero no se trata solo de pérdidas económicas: cada corte puede dejar a comunidades enteras sin luz, afectar hospitales o comprometer servicios esenciales. En paralelo, las amenazas digitales crecen, pues la red depende cada vez más de sensores y software que, sin protección adecuada, podrían convertirse en puertas de entrada a ciberataques.

Este panorama, lejos de invitar al pesimismo, representa una oportunidad para fortalecer el sistema energético con visión de largo plazo. La experiencia internacional lo demuestra, pues cada vez son más los países que adoptan modelos de defensa en capas que combinan medidas físicas, monitoreo inteligente, comunicación segura y protocolos de respuesta. Colombia necesita avanzar en esa dirección: pasar de reaccionar ante emergencias a construir resiliencia desde el diseño de la infraestructura.

Un enfoque integral debería contemplar la detección temprana de incidentes; la disuasión física mediante señales visibles y barreras; la evaluación en tiempo real con plataformas unificadas; la comunicación ágil con autoridades y comunidades; y respuestas claras y entrenadas. Estas medidas no solo reducen riesgos, también optimizan recursos y fortalecen la confianza ciudadana.

La transición energética ofrece, además, una ocasión única para innovar. Los parques solares y eólicos que comienzan a expandirse en el país deberían concebirse con estándares de seguridad desde el diseño, evitando errores del pasado en los que la protección se añadía después.

La conclusión es clara: blindar la red eléctrica no es un lujo, es una condición indispensable para garantizar la resiliencia del país. Y, lejos de ser un obstáculo, este desafío puede convertirse en motor de modernización, atracción de inversión y confianza en la transición energética que Colombia necesita.

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En ese propósito, tecnologías como las de Genetec representan un modelo de cómo la seguridad física y la cibernética pueden converger de forma inteligente. Su enfoque unificado permite integrar videovigilancia, control de acceso, análisis de datos e inteligencia geoespacial en una sola plataforma, facilitando la toma de decisiones y la respuesta ante incidentes. Para el sector energético, esto significa contar con herramientas que no solo protegen activos críticos, sino que también aportan eficiencia operativa y sostenibilidad técnica, factores esenciales para un futuro energético seguro y confiable.

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Por: Miguel Castellanos,
Gerente de Ventas Regional de Genetec.

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En Ginebra, el Tratado Global de Plásticos* se acerca a su etapa decisiva

Las discusiones se han centrado en temas como prohibiciones globales, límites a la producción, químicos de preocupación y financiamiento. En paralelo, países como Colombia han propuesto, junto con Perú, que si no hay consenso, se permita adoptar el tratado por votación calificada. Es un gesto que busca evitar el bloqueo, pero que también implica medir con cuidado qué texto sería viable y beneficioso para el país.

Activismo sin arquitectura económica: un riesgo real

Un tratado escrito desde el activismo puro —sin integrar la lógica económica que lo hará posible— puede ser más peligroso que no tener tratado. Las prohibiciones sin un diseño claro de implementación, financiamiento y gobernanza generan tres riesgos: Inaplicabilidad: metas que no pueden cumplirse con las capacidades tecnológicas y de mercado actuales; Erosión de credibilidad: compromisos incumplidos debilitan la posición internacional del país; Desviación de recursos: capital y esfuerzo se concentran en cumplir formalidades, no en reducir impactos reales.

La experiencia en otros acuerdos multilaterales muestra que un texto políticamente correcto, pero económicamente impracticable, termina retrasando soluciones más eficaces.

El debate sobre los topes a la producción

La idea de establecer un límite global a la producción de plástico virgen suena ambiciosa y, para algunos, inevitable. Sin embargo, para Colombia podría tener efectos no deseados:

Restricción de oferta sin sustitutos claros: si el tope se aplica de forma lineal, puede encarecer insumos críticos para sectores exportadores (alimentos, flores, farmacéuticos), afectando competitividad sin lograr una reducción proporcional de residuos.

Ventaja para países con mayor poder de negociación: las cuotas de producción podrían asignarse en función de niveles históricos, beneficiando a productores actuales y limitando el margen de crecimiento de economías emergentes.

Riesgo de deslocalización: si no hay un ajuste en frontera, la producción se moverá a países fuera del tratado, generando fuga de inversión y empleo.

Colombia: oportunidad para influir con pragmatismo

Colombia tiene la oportunidad de proyectarse como un actor que impulse un tratado ambicioso pero realista. El objetivo no es ubicarse mecánicamente en uno u otro bloque, sino garantizar que el acuerdo final ofrezca reglas claras y armonizadas, que reduzcan los costos de cumplimiento y den previsibilidad a la inversión. Para lograrlo, se requiere un marco que combine incentivos económicos bien diseñados con metas de desempeño verificables, de forma que la innovación y la competitividad sean parte de la solución y no víctimas de ella.

Esto debe ir acompañado de un financiamiento que sea accesible y esté condicionado a resultados concretos, capaz de respaldar la transición de pymes y cadenas exportadoras.

Igualmente, el tratado debe asegurar una gobernanza sólida y sistemas de trazabilidad creíbles, con medición y auditoría independientes que eviten el greenwashing. Solo así Colombia podrá defender un texto que no se quede en la declaración de intenciones, sino que pueda aplicarse de forma efectiva y generar resultados medibles para la sostenibilidad y la economía.

Una mirada desde la experiencia

Haber participado de cerca en las negociaciones previas en Nairobi (Kenia), Ottawa (Canadá) y Busan (Corea del Sur) permite reconocer patrones que hoy se repiten en Ginebra: expectativas políticas que superan las posibilidades técnicas, bloques de negociación —donde se enfrentan países del Alto Ambición como la Unión Europea, Ruanda o Chile contra productores de petróleo y petroquímicos como Estados Unidos, Arabia Saudita o Rusia— que emplean el tiempo como herramienta de presión, y textos que, en su afán de alcanzar consenso, terminan diluyendo elementos esenciales.

Estas rondas pasadas han dejado claro que la verdadera fortaleza de un tratado no está en el número de declaraciones, sino en la calidad y viabilidad de sus mecanismos.

Competitividad y confianza

Un tratado con bases económicas sólidas puede convertirse en un activo para la competitividad colombiana: abre mercados, atrae inversión sostenible y estimula innovación. Por el contrario, un tratado que priorice gestos políticos sobre diseño técnico puede derivar en costos desproporcionados, pérdida de confianza empresarial y menor flujo de capital.

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En un escenario global donde la sostenibilidad ya es un criterio de inversión, Colombia necesita un tratado que equilibre ambición y viabilidad. Eso significa defender medidas que funcionen en el mercado y en la planta de producción, no solo en la sala de negociación.

*El proceso para lograr un tratado global jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos comenzó en marzo de 2022, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEA) aprobó por consenso la resolución que dio origen al Comité Intergubernamental de Negociación (INC). Desde entonces, se han realizado cinco rondas principales: Punta del Este (2022), París (2023), Nairobi (2023), Ottawa (2024) y Busan (2024). Cada una dejó avances parciales y temas sin resolver, acumulando un texto de negociación con múltiples corchetes y visiones enfrentadas.

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_{Por: Armando Russi, gerente de sostenibilidad
y asuntos públicos de AJE Colombia.
Presidente Cámara Internacional de
Negocios Climáticos- CINC.}

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Paralizar las operaciones les puede costar a las compañías mineras millones de dólares. Sin embargo, las ineficiencias operacionales sumadas en el tiempo pueden sobrepasar los costos de una paralización.

Teniendo en cuenta que Latinoamérica es una de las regiones con las reservas mineras más importantes del mundo, es indispensable implementar mejores prácticas para incrementar la eficiencia operacional y aumentar las ganancias^. Los minerales más explotados en Colombia son oro, plata, esmeraldas, platino, cobre, níquel y carbón.

De acuerdo con cifras de la Asociación Colombiana de Minería, el sector minero continúa siendo uno de los más estratégicos para la economía colombiana; en 2024, las exportaciones mineras superaron los 16.900 millones de dólares, generando más de 204.000 empleos directos, y representando un 1,8 % del PIB nacional. Sin embargo, esta industria enfrenta un desafío persistente: los elevados índices de accidentalidad y mortalidad laboral. A esto podemos sumar las dificultades derivadas de la minería informal, la exposición a condiciones de riesgo extremo, las enfermedades laborales y los entornos inestables, particularmente en la minería subterránea de carbón.

Frente a esta realidad, es importante modernizar el enfoque de seguridad, integrando tecnologías que no solo protejan la vida de los trabajadores, sino que también impulsen la eficiencia y sostenibilidad de las operaciones.

Con la competencia y la volatilidad del mercado en su momento más crítico, las empresas mineras están buscando formas de mantenerse competitivas y una de las herramientas clave ha demostrado ser contar con sistemas unificados de seguridad avanzados que no solo garanticen la seguridad de los activos y personas, sino que también apoyen en la optimización de las operaciones y la inteligencia de negocios.

En este contexto, Johnson Controls, como líder mundial en soluciones de seguridad y automatización, propone un modelo de seguridad integrada que responde a las necesidades específicas del sector minero colombiano. Este modelo se fundamenta en tres pilares: prevención de riesgos, protección del entorno físico y respuesta eficiente ante emergencias.

Uno de los grandes retos en la minería es asegurar que únicamente personal autorizado acceda a zonas críticas o de alto riesgo. Esto se logra con C•CURE 9000 (swhouse.com), nuestra plataforma avanzada de control de acceso, que permite una administración centralizada de credenciales y niveles de acceso, adaptable a turnos rotativos, zonas restringidas y normativas de seguridad minera.

Además, C•CURE 9000 se integra con sistemas biométricos, uso de credenciales con proximidad, control de horarios y verificación de cumplimiento normativo (por ejemplo, uso de EPPs certificados). Esta solución no solo garantiza la seguridad, sino también la eficiencia operativa al reducir pérdidas de tiempo y riesgos por ingreso no autorizado.

La videovigilancia tradicional y sus analíticas básicas ya no son suficientes en entornos complejos y cambiantes como el subterráneo o los patios industriales mineros. Por eso, proponemos el uso de la línea de cámaras Illustra de Johnson Controls  de alta definición, equipadas con analítica de video basada en inteligencia artificial, capaces de detectar:

• Presencia no autorizada o movimientos sospechosos.
• Ingreso sin EPP.
• Actividades fuera de horarios operativos.
• Comportamientos inusuales como caídas, inactividad prolongada o aglomeraciones riesgosas.

Estas cámaras pueden operar en condiciones de baja iluminación, polvo y vibración, y se integran directamente con victor, una aplicación de gestión unificada de video (VMS) diseñada para integrar y controlar sistemas de seguridad, permitiendo generar alertas automáticas ante eventos críticos.

Las operaciones mineras (especialmente a cielo abierto) requieren proteger grandes extensiones de terreno. Nuestros radares perimetrales, diseñados para resistir condiciones climáticas extremas, detectan intrusiones en tiempo real con alta precisión y evitando las falsas alarmas. Al trabajar en conjunto con cámaras PTZ y analítica de video, permiten un seguimiento automático de personas o vehículos que se desplacen en zonas no autorizadas.

La minería en Colombia tiene el potencial de ser no solo una fuente de riqueza económica, sino también un modelo de seguridad e innovación. Para lograrlo, es indispensable adoptar soluciones tecnológicas que se adapten a los retos del terreno, las condiciones de trabajo y las exigencias de productividad.

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En Johnson Controls, estamos comprometidos con acompañar a las empresas del sector minero en este proceso de transformación, ofreciendo tecnología robusta, escalable y probada, como C•CURE 9000, cámaras Illustra y radares perimetrales, que no solo protegen vidas, sino que elevan los estándares de operación y sostenibilidad.

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_{Por: Maria del Pilar Gómez,
Business Development Manager SOLA –
Johnson Controls.}

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En la actualidad el uso de la banca es algo fácil para las personas. Atrás quedaron los días en los que la gente debía hacer malabares para depositar cheques o esperar grandes colas para sacar dinero. Ahora, casi que todas las transacciones se pueden realizar sobre la marcha con nuestro teléfono o en casa desde nuestro escritorio.

Un tema importante de acuerdo con la situación de seguridad actual del país, es la seguridad en el uso de la banca, tanto en línea como en persona, como factor fundamental para proteger las finanzas y datos personales. Esto implica tomar medidas preventivas para evitar fraudes y accesos no autorizados, tanto por parte de la entidad bancaria como del usuario, ya que los bancos deben manejar grandes cantidades de datos sensibles y, a su vez, se encuentran expuestos a diversas amenazas cibernéticas y físicas.

Es así, como la seguridad en la banca debe velar por la protección tanto de los datos como de los activos de las entidades financieras y sus clientes, buscando siempre prevenir los fraudes, robos y accesos no autorizados.

Si bien estos métodos son muy convenientes, también presentan ciertos riesgos. Por eso, hay que tener especial cuidado y tomar todas las medidas para garantizar la seguridad y la protección de nuestras cuentas y tarjetas bancarias, de nuestra identidad e información. Los riesgos de que un estafador acceda a nuestras cuentas a través de nuestras tarjetas que usamos en un cajero automático es muy real.

La banca necesita implementar nuevas estrategias de seguridad que combinen la tecnología con medidas proactivas. Esto incluye, fortalecer la autenticación, mejorar la detección de fraudes, asegurar la infraestructura en la nube, y educar a los clientes sobre riesgos y buenas prácticas.

Perspectivas y desafíos

La seguridad en el sector financiero es un desafío constante que requiere una atención integral a las ciber amenazas, el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y la educación de los usuarios.

Unos de los principales desafíos para las entidades financieras es el cumplimiento de las distintas normas de seguridad y regulaciones, como la protección de los inversores en cuanto a la información financiera fraudulenta; la violación de este tipo de normas causa clientes perdidos, daño a la reputación, pérdidas financieras, multas y sanciones.

Para prevenir los fraudes digitales, una labor crucial es la de fortalecer la seguridad en los accesos, mantener los softwares actualizados, usar contraseñas fuertes para cada cuenta y activar autenticaciones de dos o más factores. También es importante desconfiar de ofertas que van más allá de la realidad, verificar la seguridad y las fuentes de las páginas web y evitar seguir los enlaces sospechosos.

En cuanto a la seguridad física los bancos deben velar por el fortalecimiento de la seguridad electrónica mediante controles de acceso, alarmas y CCTV.

El uso de softwares de gestión como los de Johnson Controls, no solamente permiten tener un cuidado al acceso de personas, además realiza la integración con diversos sistemas que robustecen la seguridad tales como CCTV, intrusión y BMS. Esta plataforma está hecha para monitorear múltiples sedes y sin duda puede ayudar de gran manera a centralizar la seguridad bancaria.

Sistemas de seguridad electrónica

Para prevenir los robos en oficinas bancarias siempre es crucial la instalación y el funcionamiento de sistemas de seguridad electrónica instalados en las zonas estratégicas, tanto internas como externas. En este campo, resalto los sistemas integrados de Johnson Controls, que permiten, por ejemplo, que el uso de una simple cámara de seguridad vaya integrada con sistemas de acceso y alarmas, de tal forma que un acceso no deseado o un botón de pánico se integre con sistemas de monitoreo que enlacen no solo con una central de monitoreo bancaria si no también con las autoridades para realizar los respectivos procedimientos de seguridad y prevención apoyados con softwares que gestionan analíticas de eventos, analíticas LPR y analítica de rostros si se desea.

Seguridad física y cibernética

La integración de la ciberseguridad con la seguridad física debe combinar las estrategias y tecnologías de ambos campos para llevar a la protección de los activos y la información de una organización. Los sistemas de control de acceso de Johnson Controls están diseñados para que las comunicaciones entre dispositivos sean más que seguras a cualquier ataque cibernético.

De esta forma, la combinación de sistemas de seguridad física y cibernética permiten detectar amenazas de formas eficientes, tanto físicas como digitales. Por ejemplo, un sistema de vigilancia puede alertar sobre una intrusión física y al mismo tiempo un sistema de detección de intrusiones cibernéticas puede detectar un intento de acceso no autorizado a la red. Estos sistemas siempre van a garantizar la seguridad de los clientes y sus operaciones.

Avances tecnológicos

Entre lo más novedoso está la autenticación multifactor (MFA), la inteligencia artificial (IA) para detección de fraudes y la biometría avanzada. En cuanto a sistemas de control de acceso, las líneas de lectores de acceso avanzados para el ingreso mediante multifactor biométrico de Johnson Controls, permiten un acceso a una zona crítica en un banco donde un funcionario deba presentar hasta tres tipos de autenticación para obtener un acceso exitoso.

También sobresalen las cámaras de alta definición con resoluciones HD, que mejoran la seguridad al permitir identificaciones precisas de objetos y personas. La línea de cámaras Illustra de Johnson Controls procesa además video analíticas, tales como detección de rostros, análisis de objetos abandonados o removidos, y análisis inteligente de aglomeraciones y filas de personas, esto, sin duda, es un avance para la reducción y detección de amenazas.

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Por último, las soluciones centralizadas como las de Johnson Controls, permiten a la banca consolidar su gestión y el control de todos los eventos en un solo sistema. Esto implica la unificación de la información, la toma de decisiones y la ejecución de tareas para optimizar la eficiencia y la coordinación. A su vez, es importante mencionar que las soluciones centralizadas permiten a los bancos monitorear sus distintas sedes, integrando múltiples sistemas de seguridad y acceso, brindando la posibilidad de que un sitio sea monitoreado de manera simultánea por múltiples usuarios, y así, garantizar la seguridad tanto de clientes como del personal.

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Por: David Parra, Sales Consultant Electronic
Security ACVS – Johnson Controls.

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