Entre julio de 2022 y junio de 2023 la Personería de Bogotá atendió 2.509 peticiones de personas de nacionalidad venezolana y colombo-venezolana relacionadas con la garantía de sus derechos. Muchas de estas solicitudes están relacionadas con asuntos laborales y garantía del derecho a la salud.
Por tal razón, el Ministerio Público Distrital, con el apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, lanza la campaña “Somos Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes”, que busca contrarrestar el fenómeno de la xenofobia y reconocer y visibilizar los aportes de las personas refugiadas y migrantes al crecimiento socioeconómico y la diversidad cultural en Bogotá.
La estrategia busca sumar diferentes sectores, entre ellos salud, educación, seguridad, financiero y laboral, para identificar qué acciones concretas se pueden realizar desde cada uno para disminuir la xenofobia y promover la integración de la población venezolana.
“El propósito de esta campaña es generar una transformación de estereotipos y de prácticas discriminatorias para que en Bogotá seamos guardianes de los derechos de los refugiados y migrantes”, asegura el Personero de Bogotá, Julián Pinilla, al referirse a la estrategia que lidera la entidad y de la cual él es el vocero principal.
Por otro lado, algunas de las problemáticas identificadas en la atención prioritaria a refugiados y migrantes son:
- En 2022 y en lo transcurrido de 2023, las peticiones relacionadas con asuntos laborales y garantía del derecho a la salud se encontraron entre los diez principales motivos de consulta de la población venezolana y corresponden al 19% del total de solicitudes.
- Acoso laboral, discriminación en el trabajo o en el ejercicio de una actividad económica informal, búsqueda de empleo, negación del pago de salarios o prestaciones sociales, son las situaciones más frecuentes en las peticiones de asuntos laborales, de las cuales las mujeres formularon el 53% de solicitudes.
Esta situación se torna más compleja desde una perspectiva de género. En el sondeo realizado por la Personería a las mujeres venezolanas que acudieron a la entidad entre los años 2022 y 2023, se identificaron situaciones de déficit de garantía de derechos humanos que pueden verse agravadas por discriminación así:
- El 88% de las mujeres entrevistadas manifestó que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos básicos ni los de las personas a su cargo. En ese sentido, el 59% de las encuestadas informó que por falta de dinero ellas o sus familias tuvieron que dejar de consumir una o varias de las comidas principales uno o más días de la semana previa a la encuesta. Esto es considerado como una amenaza a la seguridad alimentaria de las mujeres y la de sus familias.
- El 78% manifestó ser cuidadora o tener personas a su cargo, lo que se convierte en un trabajo adicional no remunerado, que dificulta la inserción en el mercado laboral en condiciones dignas y un obstáculo en la obtención de medios de vida básicos.
- En derecho a la salud, el 82% de las mujeres venezolanas entrevistadas manifestó estar afiliado a entidades prestadoras de salud, sin embargo, las familias del 30% de las entrevistadas no hacen parte del sistema de seguridad social en salud y el 61% de las diagnosticadas con enfermedades como diabetes, obesidad, anemia o afecciones de tiroides no ha recibido tratamientos por parte del Estado.
- El 19% manifestó haber estado en embarazo en los 2 últimos años; sin embargo, el 45% solo accedió a menos de cuatro controles prenatales. Esta situación es preocupante ya que aumenta el riesgo de morbilidad materna extrema y mortalidad materna.
- El 18% manifestó atención anticonceptiva insatisfecha, sumado a que el 32% de ellas no ha accedido a un control citológico en los últimos dos años.
- El 16% de las encuestadas dijo haber vivido, desde su llegada a Colombia, algún tipo de violencia: psicológica, emocional, sexual, económica o física, contempladas en la Ley 1257 de 2008.
- Al indagar por el tipo de agresor del que fueron víctimas, el 36% manifestó que fue victimizada por una persona desconocida, el 29% por empleadores o compañeros de trabajo; el 29% por su pareja o expareja, el 14% por integrantes de la fuerza pública y otro 14% por funcionarios(as) de entidades gubernamentales.
- El hecho de que actores estatales y empleadores(as) destaquen entre los principales agresores de las mujeres, pone en evidencia los altos niveles de violencia institucional y de discriminación laboral a los que se enfrenta esta población.
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Ante este panorama, la Personería de Bogotá invita a entidades públicas y privadas en el Distrito para que, frente a las situaciones de desprotección de derechos estas sean atendidas desde una óptica de política social para la integración y no de respuesta humanitaria o de emergencia. Lo anterior permitirá sumarse en la transformación de estereotipos y prácticas discriminatorias para que en Bogotá seamos ‘Guardianes de los Derechos Refugiados y Migrantes’.