El protocolo de Estados Unidos “Quédate en México”, que llega a su fin esta semana tras devolver a miles de migrantes a territorio mexicano a esperar respuestas a sus solicitudes de asilo, violó derechos civiles de esas personas, afirmó el martes el binacional Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi).
Esa población devuelta a territorio mexicano fue “objeto de violaciones, secuestros, extorsiones y diversos actos violentos, incluso la muerte a manos del crimen organizado, autoridades migratorias mexicanas y policías de diferentes niveles de México”, dice un comunicado de Imumi.
En enero de 2021, el presidente estadounidense, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para poner fin a esa política al reconocer que “es inhumana y violatoria de derechos”, y la cerró formalmente en junio de ese mismo año.
Sin embargo, en agosto del año pasado, la Corte Suprema estadounidense ordenó el restablecimiento de las devoluciones a México, que volvieron a ponerse en función el 6 de diciembre hasta el cierre oficial anunciado el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Tras ese restablecimiento, más de 5.000 solicitantes de asilo fueron devueltas a esperar sus procesos en México.
Mientras que entre enero de 2019 y diciembre de 2020 fueron más de 72.000 las personas enviadas a aguardar la resolución de sus casos en las cortes estadounidenses del lado mexicano, recuerda la organización.
México ante los protocolos
Esta política, también conocida como Migrant Protection Protocols (MPP, Protocolos de Protección al Migrante), fue implementada el 20 de diciembre de 2018 por la administración del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, y avalada por su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en sus primeros días de Gobierno.
El Imumi considera que es una política “contraria a la Constitución mexicana, a los compromisos asumidos internacionalmente, al debido proceso y a la seguridad de las personas”.
La vigencia de los MPP, que finaliza tras el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional, obligaba a la población con necesidades de protección a “ser regresada a un país donde su vida corre peligro, donde no se sienten seguras, y no contar con representación legal que les permitiera pelear mejor sus casos”, señala la organización.
Por ejemplo, durante los dos primeros años del programa “el 95 por ciento de las más de 72.000 personas puestas en ese protocolo no pudieron acceder a una abogada o abogado”.
Esa carencia, agrega Imumi, significó que solo el uno por ciento pudiera ganar sus casos, mientras que a partir de su reinstalación solo el 0,53 por ciento de todos los solicitantes accedieron al asilo en ESTASUEUU.
Consecuencias en México
La población devuelta a territorio mexicano fue obligada a vivir en campamentos improvisados, algunos por más de dos años, con impactos incuantificables en su salud mental y emocional, reseñan las abogadas del Imumi.
En agosto de 2021, el fallo de la justicia estadounidense señaló que si México no participaba en la reinstalación de los MPP, no podría realzarse, pues la colaboración del Gobierno mexicano era fundamental.
La cancillería mexicana “aceptó participar aun con evidencia de la violencia que eso significaba para la población con necesidades de protección internacional”, lamenta instituto ciudadano.
Desde 2019 el Imumi y otros organismos defensores de migrantes solicitaron un amparo judicial ante la Suprema Corte de Justicia de México, señalando que aceptar los MPP violaba la Constitución, el debido proceso y el “principio de no devolución” de refugiados.
En diciembre de 2020 ese instituto denunció ante la Fiscalía General “más de 1.300 eventos violentos en México contra la población puesta bajo MPP”.
A la fecha no hay respuesta ante las dos acciones judiciales.
Gretchen Kuhner, directora del Imumi, dijo en una declaración escrita que las defensoras esperan que esta vez “no haya un revés a esta acción por parte de los tribunales estadounidenses o las administraciones de México y EEUU”.
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Finalmente exhorta al Gobierno de Biden a “facilitar el ingreso de las personas solicitantes de asilo puestas bajo MPP lo antes posible” y que las que estuvieron sometidas a esta política durante la primera fase puedan acceder a sus procesos, sin importar dónde se encuentren.
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Con información de Sputnik.