La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, acusó formalmente a tres exfuncionarios de la Gobernación de San Andres, y a un particular por presuntas irregularidades en dos contratos de telemedicina y la supuesta apropiación de $923’000.000.
Los contratos investigados fueron suscritos el 7 de diciembre de 2016, por valor de $300’000.000; y el 25 de febrero de 2017, por 1.795 millones de pesos. Este último recibió una adición que ascendió a 1.256 millones de pesos. Todos tenían como objeto garantizar la prestación de servicios médicos en la modalidad de consulta tele asistida con especialistas y subespecialistas para los habitantes del archipiélago y las islas de Providencia y Santa Catalina.
El material de prueba da cuenta de que en cada proceso se solicitaron tres cotizaciones; sin embargo, se utilizó el sistema de contratación abreviada en el que participó un solo oferente. Al parecer, los funcionarios ajustaron los términos, requisitos y necesidades, entre otros aspectos, para favorecer a ese solo participante, que no contaba con la experiencia ni la idoneidad para cumplir.
Adicionalmente, se conoció que, presuntamente, no existió un estudio previo de mercado para validar costos ni se dieron detalles sobre la población a beneficiar, las especialidades requeridas, el número mínimo de consultas por ejecutar o las condiciones técnicas para acceder a las teleconsultas.
Con relación al primer contrato, la Fiscalía conoció que se pagó el 50% del monto pactado, con solo el acta de inicio. Aquí hay evidencia de un posible sobrecosto de $175’000.000, en el entendido de que se trabajaron 21 días de los 60 definidos. Asimismo, en el informe final indicaron que se realizaron 2.339 consultas, cuando en realidad se cumplieron 21. En ese sentido, cada cita con especialista habría costado $14’285.714.
En el segundo contrato se fijó un plazo de ejecución de 10 meses. Con la firma del acta de inicio fueron entregados $800’000.000 al contratista, sin haber realizado consulta alguna. La investigación puso al descubierto que fueron reportadas 825 teleconsultas, pero se ejecutaron menos. Al parecer, fueron alterados nombres de pacientes o documentos de identidad para soportar un número mayor.
Finalmente, la Fiscalía estableció que, supuestamente, se presentó una apropiación de recursos por 923’191.958 en los dos contratos. De esta manera, los procesados fueron acusados, según el posible nivel de participación, por los delitos de: peculado por apropiación agravado, contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento privado, falsedad ideológica en documento público y cohecho por dar u ofrecer.
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Los acusados son: los exsecretarios de Salud de San Andrés Islas, Hayder Avendaño Villa y Adolfo Lambis Urueta; la exjefa de la Oficina Jurídica, Ainn Zulema Connolly Quinn; y el contratista Carlos Alexander Puerto Solano.
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