Durante un operativo interinstitucional realizado en la localidad de Los Mártires, en Bogotá, fueron incautados 8.520 unidades de licor adulterado y más de 12.000 estampillas, tapas, sellos y otros elementos de seguridad falsificados. La mercancía estaba destinada a ingresar al mercado y su comercialización podía representar ingresos ilícitos superiores a $1.700 millones.
La operación permitió realizar 11 diligencias de allanamiento en dos centros comerciales, como resultado del trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación, a través de la URI de Usaquén y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y la Gobernación de Cundinamarca.
También participaron la Brigada 13 del Ejército Nacional, el Batallón de Policía Militar No. 15, el Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Federación Nacional de Departamentos y empresas protectoras de marca.
De $639 millones a más de $1.700 millones
La valoración preliminar permite dimensionar el negocio que representaba la mercancía incautada. En el mercado clandestino o de acopio, cada unidad podría venderse a intermediarios entre $7.000 y $25.000, para una valoración total estimada superior a $639 millones.
Una vez distribuido en establecimientos como bares y discotecas, el producto podría llegar al consumidor final por valores entre $80.000 y $200.000 o más por unidad, con un potencial de ingresos ilícitos superior a $1.700 millones.
La operación afecta así tanto la disponibilidad del producto como los recursos que las estructuras involucradas podrían obtener mediante su distribución y comercialización.
“Estas acciones conjuntas contribuyen a mejorar las capacidades de reacción contra la ilegalidad. Seguimos comprometidos con salvaguardar la vida de los cundinamarqueses y bogotanos y, por supuesto, con proteger las rentas departamentales”, señaló Luis Armando Rojas Quevedo, secretario de Hacienda de Cundinamarca.
Un riesgo para la salud y para las rentas públicas
El retiro de las 8.520 unidades evita que bebidas adulteradas lleguen a los consumidores. Para el INVIMA, la intervención tiene un efecto directo sobre la prevención de riesgos sanitarios.
“Retirar estas botellas del mercado significa evitar una potencial emergencia de salud pública en los hogares bogotanos y cundinamarqueses”, indicó Amira Anaya, coordinadora del Grupo de Unidad de Reacción Inmediata del INVIMA.
Según las estimaciones presentadas por la Gobernación, las actividades relacionadas con el licor ilegal representan para Cundinamarca más de $80.000 millones anuales en recursos que dejan de recaudarse por concepto del impuesto al consumo de licores.
Las autoridades reiteraron la recomendación de adquirir bebidas alcohólicas en establecimientos confiables, desconfiar de precios inusualmente bajos y verificar el registro sanitario y la integridad de etiquetas, tapas, empaques y sellos de seguridad.
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La Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca y las demás entidades participantes continuarán las acciones de control contra la fabricación, adulteración y comercialización ilegal de bebidas alcohólicas.
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