La Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Antinarcóticos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la agencia Homeland Security Investigations (HSI/ICE) de los Estados Unidos y el Ejército Nacional, desarrolló la operación “TEMIS”, logrando la desarticulación de una estructura criminal con injerencia en Antioquia y San Andrés Islas, dedicada al tráfico nacional e internacional de estupefacientes mediante la modalidad conocida como “introducidos”, consistente en el transporte de sustancias ilícitas ocultas en cavidades corporales.
La investigación tuvo su origen en el año 2022, cuando de oficio las autoridades detectaron una conducta delictiva reiterativa en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro (Antioquia), donde en un período inferior a dos años fueron capturadas 18 mujeres que transportaban sustancias estupefacientes bajo esta modalidad. Este comportamiento permitió identificar un patrón criminal que dio inicio a las labores investigativas.
Como resultado de cuatro años de investigación, fue posible establecer la existencia de una organización criminal con una estructura logística, financiera y operativa encargada de reclutar mujeres en condiciones de vulnerabilidad y coordinar el envío de sustancias estupefacientes hacia diferentes regiones del país, destinos internacionales y establecimientos penitenciarios.
Durante el desarrollo de la investigación también se realizaron 18 capturas en flagrancia de personas sorprendidas transportando sustancias estupefacientes bajo esta modalidad, resultados que permitieron fortalecer el acervo probatorio y consolidar el proceso judicial.
La investigación permitió establecer que la organización mantenía presencia en Antioquia y San Andrés Islas, desde donde coordinaba rutas de tráfico hacia España, Alemania, Países Bajos, México y otros países del Caribe. Asimismo, se evidenció que parte de las actividades delictivas eran dirigidas por integrantes que permanecían privados de la libertad, quienes continuaban ejerciendo funciones de coordinación desde distintos centros penitenciarios del país.
Como resultado de la operación fueron materializadas 9 capturas por orden judicial y 6 imputaciones a personas privadas de la libertad por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Las investigaciones permitieron establecer que esta estructura criminal mantenía un outsourcing criminal con el Grupo Delincuencial Organizado “Los Triana”, organización que presuntamente autorizaba y financiaba el desarrollo de esta actividad ilícita, aportando recursos para la ejecución de las operaciones de tráfico de estupefacientes.
Dentro de los capturados se destaca Humberto Gallardo, señalado como el principal líder de la organización criminal, quien fue capturado en San Andrés Islas. Según la investigación, era el encargado de coordinar la logística y articular las operaciones entre Medellín y San Andrés para el envío de los estupefacientes.
De igual forma, fue capturado en la ciudad de Medellín alias “Gary”, identificado como el responsable de reclutar, entrenar y preparar a las mujeres utilizadas como correos humanos, instruyéndolas para ingerir e introducir intracorporalmente las cápsulas de estupefacientes, conocidas dentro de la organización criminal con el nombre de “bebés”, con el propósito de evadir los controles de las autoridades.
Uno de los principales hallazgos de la investigación fue precisamente la instrumentalización de mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica y social, utilizadas como correos humanos para transportar estupefacientes tanto a nivel nacional como internacional y hacia establecimientos carcelarios. Esta modalidad representa un alto riesgo para la integridad física y la salud de las personas utilizadas por las organizaciones criminales, además de evidenciar nuevas estrategias para evadir los controles de las autoridades.
La investigación también permitió establecer que la organización traficaba sustancias estupefacientes hacia centros penitenciarios del Valle de Aburrá, especialmente la cárcel de Pedregal, así como a establecimientos ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Valle del Cauca y Santander, empleando la misma modalidad de ocultamiento corporal para el ingreso de los narcóticos.
Durante los procedimientos fueron incautados 7 teléfonos celulares, 8 cartuchos calibre 5.56, 4 dediles con sustancias estupefacientes, 2 cápsulas de aproximadamente 800 gramos destinadas al transporte intracorporal, 1 pasaporte, 3 tiquetes aéreos con destino a México y Países Bajos, agendas contables, facturas de hotel, recibos de consignaciones, elementos para la dosificación de estupefacientes y un documento de identidad falso, elementos que fortalecen el proceso investigativo contra la organización criminal.
Con esta operación, la Policía Nacional afectó de manera significativa la estructura logística, financiera y operativa de esta red delincuencial dedicada al narcotráfico transnacional, debilitando sus capacidades de reclutamiento, financiación, coordinación y transporte de estupefacientes mediante correos humanos, así como las actividades ilícitas que continuaban desarrollándose desde establecimientos penitenciarios.
Este resultado operacional evidencia el fortalecimiento de las capacidades investigativas y de cooperación internacional para enfrentar las nuevas modalidades utilizadas por las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, así como el compromiso institucional para combatir las economías ilícitas y proteger la seguridad nacional e internacional.
“La Dirección de Antinarcóticos continuará fortaleciendo las capacidades de inteligencia, investigación criminal e interdicción para combatir las organizaciones dedicadas al narcotráfico, afectando sus estructuras financieras, logísticas y operacionales, tanto dentro como fuera del territorio nacional“, manifestó el Brigadier General William Castaño Ramos, Director de Antinarcóticos.
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La Policía Nacional de Colombia reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, fortaleciendo el trabajo articulado con las autoridades nacionales e internacionales para proteger la seguridad de los colombianos y garantizar el cumplimiento de la ley.
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