El gobierno de Colombia expulsó el miércoles al embajador de Bolivia en el país como una respuesta recíproca a lo hecho por Bolivia el martes, luego de las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la situación social de ese país.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, considerando la reciente decisión adoptada por el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia en relación con la permanencia de la Embajadora de Colombia en este Estado y con base en lo dispuesto en el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, Encargado de Oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia”, indicó la cancillería de Colombia en un comunicado.
La Cancillería colombiana afirmó que no ha mediado por parte de ningún funcionario el inmiscuirse en los asuntos internos de Bolivia y ratificó el compromiso con la no intervención de asuntos internos de los Estados.
“Colombia mantiene su disposición de acompañar, siempre a solicitud del Gobierno boliviano, iniciativas en favor de la paz, el diálogo político, las vías institucionales, la participación ciudadana y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales, con sujeción a los principios y normas del derecho internacional”, señaló.
Además, resaltó los vínculos históricos entre el pueblo colombiano y boliviano así como de mantener abiertos los canales diplomáticos con La Paz.
El pasado domingo, en medio de las protestas en La Paz, Petro escribió que Bolivia vive una “insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”.
Además, expresó su respaldo al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019), declarado en rebeldía el pasado 11 de mayo por no comparecer en un caso de trata agravada de personas.
Tales pronunciamientos llevaron a que el Gobierno boliviano anunciara la expulsión de Carrillo a través de un comunicado, con el argumento de preservar la soberanía del país.
“La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados, pilares fundamentales de la convivencia internacional”, sustentó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia en un comunicado.
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Bolivia vive días de convulsión social desde el 1 de mayo, cuando la Central Obrera Boliviana inició sus marchas contra el presidente Rodrigo Paz, que apenas lleva seis meses en el poder, ante la negativa de un incremento salarial.
La situación se agravó por las movilizaciones de los mineros, los maestros, indígenas y campesinos afines al expresidente Evo Morales, con peticiones que van desde el abastecimiento de gasolina de calidad hasta el rechazo a la privatización de empresas públicas.
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Con información de Sputnik.