La Cámara de Diputados de México aprobó la noche del martes por amplia mayoría el dictamen que crea la ley general contra los delitos de extorsión para prevenir, investigar y sancionar este crimen, con penas de hasta 42 años de prisión y reglas estrictas para centros penitenciarios.
“El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención la minuta que expide la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión”, informó la Cámara Baja en su cuenta de la red social X.
Por la iniciativa del Ejecutivo aprobada por el Legislativo, el dictamen reforma además los códigos federales penales, y las leyes contra la delincuencia organizada y del Poder Judicial.
La nueva ley también castiga las llamadas telefónicas extorsivas, hechas en su mayoría por delincuentes encarcelados en penitenciarías con acceso ilegal a telefonía móvil.
La legislación aprobada contempla imponer penas de entre 10 y 20 años de cárcel para los funcionarios que no denuncien la extorsión, y de 15 a 25 años para las autoridades penitenciarias que faciliten o permitan ese delito en las instalaciones carcelarias.
Los reos que usen dispositivos electrónicos y las autoridades penitenciarias que lo permitan por sobornos serán castigados con seis a 12 años de cárcel, señala el texto.
La nueva ley homologa la persecución de este delito en los 32 estados de la federación mexicana, y que sea “investigado de oficio”, es decir, de forma expedita, sin que exista denunciante ante el Ministerio Público.
En la primera fase del proceso legislativo, los partidos opositores Acción Nacional (PAN, centroderecha), Revolucionario Institucional (PRI, centro), y Movimiento Ciudadano (MC, socialdemócrata), votaron en contra en el pleno de la Cámara de Diputados, a principios de noviembre, porque el castigo previsto en ese texto era de seis a 15 años, que consideraban insuficiente.
La semana pasada, las bancadas de la coalición oficialista que encabeza el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (izquierda nacionalista), y de los tres partidos opositores representados en el Congreso coincidieron en elevar las penas para delincuentes extorsionadores, con un máximo de 42 años de prisión, y el texto regresó a los diputados.
El delito de extorsión, conocido en la jerga del bajo mundo mexicano como “derecho de piso”, es un pago que imponen las organizaciones del crimen organizado para permitir la operación de comercios y servicio de todo tipo, transporte y distribución de mercancías.
Este año ese delito ha alcanzado cifras récord con un incremento interanual del siete por ciento en los primeros seis meses para llegar a casi 6.000 víctimas registradas, que convierten a 2025 al año con mayor cantidad de denuncias formales de extorsiones en los registros oficiales.
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Los informes del Gabinete de Seguridad indican que la impunidad en ese delito se origina en que casi 97 por ciento de las extorsiones no se reportan ante el Ministerio Público, debido a la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales.
Una vez aprobado, el texto pasa al Ejecutivo para su promulgación.
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Con información de Sputnik.