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Gobierno Nacional aprueba Decreto para la gestión catastral multipropósito en territorios indígenas

[AUDIO+VIDEO] El Decreto 0462 de 2025 es el resultado del trabajo articulado entre diferentes entidades del orden nacional y las autoridades indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación; avanza en un Catastro Multipropósito sin afectar los usos y costumbres tradicionales.

En un hecho histórico y sin precedentes en el país, los pueblos indígenas podrán efectuar la operación catastral en sus territorios formalizados, garantizando así el levantamiento de la información con un enfoque intercultural y de participación comunitaria.

El Decreto 0462 de 2025 garantizará la implementación de la política de Catastro Multipropósito en los territorios indígenas para avanzar en el cumplimiento de las metas de actualización catastral a nivel nacional. Establece mecanismos especiales para la gestión catastral en sus territorios, que contribuyen a preservar el ordenamiento natural, proveer insumos para el ordenamiento territorial propio, la seguridad jurídica de sus territorios y la protección de su integridad física. y cultural.

Este Decreto es el resultado del trabajo articulado entre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, el Departamento Nacional de Planeación–DNP-, los Ministerios de Cultura, Interior, Justicia y Agricultura, y las autoridades indígenas representadas en la Mesa Permanente de Concertación (MPC), para consolidar un modelo de gestión catastral que reconoce la autonomía territorial, la diversidad cultural y la protección de los derechos bioculturales de los pueblos originarios en línea con lo establecido en el Acuerdo Final de Paz.

Gracias a la aprobación de este mandato, el Gobierno Nacional les cumple a los pueblos indígenas del país, garantizando la implementación y materialización del Artículo 45 de la Ley 2294 de 2023, que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026.

Así lo rectifica el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC –, Gustavo Marulanda Morales: “este esfuerzo del gobierno nacional y las comunidades indígenas corresponde al cumplimiento efectivo del capítulo étnico de los acuerdos de paz. Con este Decreto, contribuimos a proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación, salvaguardar los derechos de los territorios indígenas y con ello promover la efectividad de los derechos económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad, costumbres, tradiciones, e instituciones.

Gustavo Marulanda, director general del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
https://noticiasyrespuestas.com/wp-content/uploads/2025/04/Director-IGAC-1.mp3

Por su parte, el Director de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, Antonio Avendaño, sostuvo que “este decreto es un paso más para la construcción concertada de un Sistema de Administración del Territorio democrático, que tenga en cuenta el conocimiento que los Pueblos Indígenas en Colombia tienen de sus territorios y además, refuerza el carácter multipropósito del catastro, particularmente en los usos y apropiación que los ciudadanos de las distintas formas de organización social, política, económica y ambiental del país deben tener de la información catastral para que se comprenda y analice en beneficio de sus territorios”.

Con la puesta en marcha de este Decreto, se estima que se actualizarán las más de 33 millones de hectáreas que corresponden a los territorios indígenas formalizados, lo que permitirá tener un censo real de las tierras y predios presentes en los resguardos y permitirá un avance significativo para el cumplimiento de la meta de la actualización catastral del país.

Beneficios de la implementación del Decreto

La operación catastral en territorios indígenas implica el levantamiento y gestión de información catastral en áreas tituladas y reconocidas oficialmente donde habitan pueblos indígenas, con un enfoque intercultural y con la participación de las comunidades. Este proceso, busca registrar y gestionar la información sobre la tierra y los bienes inmuebles, contenidos en estas zonas, respetando los sistemas de conocimiento propios y las dinámicas territoriales de cada uno de los pueblos indígenas.

Así lo indica Silvia Tello, coordinadora del componente indígena de diálogo social de la subdirección general del IGAC, quien resalta “la necesidad de rescatar un catastro multipropósito con enfoque étnico y diferencial que permita transversalizar un enfoque particular para los pueblos indígenas dentro de los mandatos del Acuerdo de Paz, este instrumento normativo define las reglas para que estos sean los operadores en sus territorios formalizados. Es oportuno destacar que el catastro no crea, modifica ni extingue derechos de propiedad, así como tampoco cambia el régimen jurídico de los territorios, “su objetivo es contribuir a la seguridad jurídica, la planeación territorial, la toma de decisiones, la gestión ambiental y el acceso a derechos, sin afectar los usos y costumbres tradicionales”

Los pueblos y organizaciones indígenas podrán constituirse como operadores catastrales en sus territorios legalmente constituidos y formalizados, participando de manera activa y directa en el levantamiento de información. Esto en directo cumplimiento de los dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026.

Otro de los grandes beneficios de este Decreto está en el fortalecimiento de la autonomía de las comunidades porque, al involucrarlos en la gestión catastral, podrán levantar información sobre sus territorios y recursos. Así mismo, tendrán mayor acceso a información sobre sus propiedades, contribuyendo a una gestión más transparente y justa.

Declaraciones de Silvia Tello, coordinadora del componente indígena de diálogo social de la subdirección general del IGAC.

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La implementación del Catastro Multipropósito en los territorios indígenas servirá como insumo para la toma de decisiones en diferentes sectores, la planificación y ordenamiento territorial, brindará oportunidades de desarrollo a quienes han sido históricamente excluidos y afectados por el conflicto armado y garantizará el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Así mismo, con esta reglamentación Colombia reafirma su compromiso con los derechos de los pueblos étnicos, la equidad territorial, la justicia social y la sostenibilidad de la paz.

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