El Centro Democrático expresa su rechazo a la decisión anunciada por el Gobierno Nacional de recortar los subsidios a más de tres millones de colombianos, medida que afecta gravemente a las familias más vulnerables del país.
Este anuncio no solo evidencia una incapacidad para manejar eficientemente los recursos públicos, sino que también parece ser un chantaje para forzar la aprobación de una nueva reforma tributaria.
El Gobierno miente en sus cifras y anuncios. Desde el año pasado, cuando fue presentado al Congreso, el Presupuesto General de la Nación venía con un recorte a los subsidios, incluso, previo al trámite de la Ley de Financiamiento.
El presidente Petro ha intentado culpar al gobierno anterior por las dificultades fiscales, aludiendo al pago de deudas, subsidios a la gasolina y transferencias obligatorias. Sin embargo, se ha demostrado que, incluso descontando estas obligaciones, su administración en 2023 y 2024 ha contado con el presupuesto más alto en la historia para inversión social. Pese a ello, ha priorizado el gasto burocrático sobre programas que podrían reactivar la economía y aliviar la pobreza.
Es inaceptable que el Gobierno pretenda justificar el recorte de subsidios con el argumento de un bajo recaudo fiscal, mientras los gastos de funcionamiento, incluyendo un crecimiento sin precedentes de la burocracia, aumentaron un 14% en 2024, según cifras del Ministerio de Hacienda. En contraste, los pagos efectivos para inversión disminuyeron un 13% en el mismo periodo. Esto demuestra una clara falta de prioridades y una gestión económica errática.
Pese al abultado presupuesto a noviembre de 2024 la ejecución de este solo fue de un 68.1%, es decir, un porcentaje inferior en 7.1 puntos porcentuales al promedio de los últimos 20 años. Y ni hablar de la inversión que solo llegó a un nivel de ejecución del 44.8%.
Solo en el último año el Gobierno Petro creó nueve embajadas en países como Etiopía, Guyana, Rumania, Senegal, además de la reapertura de la de la FAO. Cada embajador le costó al país más de 150 mil dólares al año. En total, los colombianos pagaron con sus impuestos más de $15 mil millones de cuenta de los nuevos cargos diplomáticos.
El Ministerio de la Igualdad creo una burocracia con un presupuesto de $1.3 billones de pesos anuales. Es escandaloso que esa cartera haya gastado $5 mil millones en realización de eventos y tiquetes aéreos.
Ahora el Gobierno del cambio quiere compensar el recorte de los subsidios endeudando a los más pobres vía crédito.
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La suspensión de subsidios, producto de una retaliación política ante la no aprobación de la ley de financiamiento, es claramente un acto de mezquindad humana. La crisis fiscal no debe resolverse a costa de quienes más necesitan el apoyo del Estado. La única manera de revertir el déficit fiscal es reduciendo el tamaño del Estado, disminuyendo la burocracia y los gastos innecesarios que este Gobierno se ha empeñado en crear.