El Gobierno boliviano superó su meta en las tareas de erradicación de cultivos ilegales de coca al destruir más de 10.300 hectáreas en 2023, informó este jueves el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
“La proyección que teníamos para la gestión 2023 fue de 10.000 hectáreas erradicadas, hemos logrado desplegar más de 2.000 efectivos militares y policías, logrando las 10.302 hectáreas erradicadas en todo el territorio nacional”, explicó Del Castillo, en conferencia de prensa.
Esta cifra representa un 12 por ciento más en comparación con las 10.260 hectáreas erradicadas en 2022.
“A diferencia de otros países, no se aplica la erradicación forzosa, sino una relación consensuada con los productores, sin violencia ni vulneración de derechos. Nuestra estrategia tuvo mejores resultados que otros países de la región que también tienen cultivos de coca”, destacó.
La hoja de coca fue catalogada en 1961 como un estupefaciente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
¡Comunicamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que, en la gestión 2023 logramos erradicar y racionalizar un total de 10.302 hectáreas de cultivos de hoja de coca excedentarios cumpliendo nuestras metas!#UnidosRumboAlBicentenario pic.twitter.com/Hxsn5m18Jh
— Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio (@EDelCastilloDC) January 12, 2024
Actualmente, Bolivia tramita ante la ONU la despenalización de la coca e impulsa su industrialización para producir productos dentífricos, jabones, harina, energizantes y bebidas calientes como el té.
Bolivia, el tercer productor mundial de la hoja coca detrás de Perú (95.000 hectáreas) y Colombia (230.000 hectáreas), permite el cultivo hasta las 22.000 hectáreas porque en el país es legal el consumo de este producto solo en su estado natural para fines medicinales y rituales vinculados con las culturas andinas.
Actualmente, el país registra en total 29.900 hectáreas de cultivos de coca, de acuerdo con datos del Gobierno.
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La coca boliviana se produce en la zona subtropical de Yungas (oeste) y en el trópico del departamento de Cochabamba (centro) bajo control de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), una unidad conformada por militares y policías que destruyen plantaciones que están fuera de los márgenes legales.
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Con información de Sputnik.