La senadora del Partido Conservador, Liliana Bitar, radicó la Ley Sarita con la que se busca reducir los tiempos para que los niños, niñas y adolescentes de Colombia reciban su cuota de alimentos, sin demoras ni dilaciones, pues se trata en muchos casos de su mínimo vital.
Sara Guiselle es una pequeña de 7 años con discapacidad múltiple, parálisis cerebral leve, retardo en el desarrollo psicomotor y epilepsia focal que le provoca rigidez en el lado izquierdo de su cuerpo. Ella, como miles de niños colombianos, tuvieron que demandar por alimentos a sus padres porque no respondieron con sus obligaciones; y, aunque a estos padres irresponsables les pueden embargar incluso el 50% del sueldo, el dinero queda congelado en el Banco Agrario hasta que termina el proceso. El proceso puede tardar años debido a causas como congestión judicial o estrategias dilatorias.
“Esto es lo que tenemos que cambiar. Los niños no pueden seguir esperando años, que son vitales en su desarrollo y crecimiento, a recibir la cuota de alimentos. Lo que proponemos es que el juez de familia entregue de forma anticipada el dinero embargado mes a mes a los padres para que sus hijos reciban lo que les corresponde. El sistema no puede premiar a los padres irresponsables, mientras muchos niños pasan dificultades”, explicó la senadora Bitar.
En el caso de Sarita, inspiración de este proyecto de ley, la problemática es mucho más grave por su condición de discapacidad. Ella lleva esperando más de un año a recibir la cuota alimentaria embargada a su padre, quien la abandonó. Las madres de los niños, en la mayoría de casos, son quienes ejecutan la demanda y deben soportar las dilaciones del sistema, tal y como le ha ocurrido a Deisy del Carmen Villarreal, mamá de Sarita, quien tuvo que renunciar a su trabajo para hacerse cargo de su hija.
“El proceso inició en el 2020. En octubre del 2022 le comenzaron a descontar las cuotas de la niña al papá de ella. Ya se cumplió más de un año descontándole, pero no me entregan cuotas. Todas las retuvieron en el Banco Agrario. El proceso en el juzgado ha sido muy lento y como dejé de trabajar, dependemos de esa cuota para vivir”, contó Deisy.
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En Colombia existen a la fecha más de 55 mil procesos ejecutivos de alimentos y según la directora del Consultorio Jurídico de la Universidad Militar, Karool Adriana Reina, coautores del proyecto y quienes han asesorado a Sarita y su madre, esta es una de las problemáticas que más se repiten en el país.
“Atendemos en promedio cada semestre 4.600 usuarios. De esos, alrededor del 80% (3.200) tienen que ver en temas de familia. ¿Eso qué demuestra? que la sociedad colombiana sigue teniendo altos índices de insatisfacción en temas de familia que afectan mucho a los menores y es allá donde creo que las políticas tienen que dar un rumbo”, manifestó la doctora Karool.
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