Los mandatarios latinoamericanos reunidos este domingo en la Cumbre de Palenque (sudeste de México) sobre migración regional acordaron un plan de acción para atender las causas estructurales del fenómeno, basado en seis objetivos prioritarios y entendiendo las realidades de cada país, indica la declaración final.
Las áreas prioritarias son seis: “autosuficiencia y soberanía alimentaria; protección del medio ambiente; empleo digno y educación; seguridad energética, incluyendo energías renovables; autosuficiencia sanitaria, comercio e inversión intrarregional; y combate al crimen organizado transnacional, al tráfico de personas, la corrupción”, indica el primer punto acordado.
Los jefes de Estado y Gobierno, vicepresidentes y cancilleres, coincidieron en que existe un aumento de los flujos migratorios irregulares que salen de sus países, cuyas causas consideran “de origen político, económico, social, y efectos negativos del cambio climático”.
Las otras causas son “factores externos como las medidas coercitivas unilaterales de naturaleza indiscriminada, (que) afectan negativamente a poblaciones enteras y, en mayor medida, a las personas y comunidades más vulnerables”.
En tercer lugar, consideran aplicar un enfoque de derechos humanos, “priorizando en todo momento el bienestar de nuestros pueblos, requiere de responsabilidad compartida y cooperación”.
Señalan que los flujos migratorios deben ser gestionados conjuntamente entre los países de origen, tránsito, destino, y retorno.
México puso a disposición inmediata a los países su oferta de cooperación y asistencia técnica respecto a estas áreas a través de sus programas sociales Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de cooperación en materia de petróleo, gas, electricidad y energías renovables.
Los países acordaron una plataforma de armonización regulatoria de cara a la creación de una Agencia de Medicamentos de América Latina y el Caribe.
El segundo punto acordado es fomentar el comercio intrarregional de bienes y servicios de subsistencia básica, “promoviendo preferencias arancelarias, el establecimiento de cuotas y la eliminación de barreras no arancelarias”.
En ese marco, instaron a que “se levanten las medidas coercitivas unilaterales impuestas a países de la región, en tanto son contrarias a derecho internacional y tienen graves repercusiones más allá de los países objetivo”.
En cuarto lugar, acordaron exhortar a que los países de origen, tránsito y destino implementen políticas migratorias integrales que “respeten el derecho humano a migrar, resguardando la vida y dignidad de las personas migrantes y sus familiares e incluyendo la promoción de opciones de regularización permanente”.
El quinto tema es un llamado a que los países de destino adopten políticas y prácticas migratorias “acordes con la realidad actual” de la región y abandonen aquellas “inconsistentes y selectivas para evitar producir arbitrariamente tanto efectos llamada, como efectos disuasivos”, tales como la regularización de ciertas nacionalidades.
El sexto acuerdo se refiere a apoyar a Haití en sus esfuerzos junto con la comunidad internacional y las Naciones Unidas en particular, a fin de restablecer un entorno de seguridad humana para la normalización de la situación política, económica, y social con un enfoque de desarrollo sostenible.
Los países signatarios del plan firmado en la ciudad maya de Palenque, en el sureste mexicano, son: Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá y Venezuela.
Ecuador y Costa Rica fueron invitados; pero no fueron mencionados en la declaración leída por la canciller del país anfitrión, Alicia Bárcena.
En séptimo lugar, acordaron impulsar esfuerzos coordinados para “replantear la arquitectura financiera internacional de la deuda soberana, a fin de cerrar las brechas sociales y reducir la intención de migrar”.
Mencionan, entre los mecanismos, el cambio de deuda universal por autosuficiencia alimentaria, servicios ambientales y acción climática.
El octavo punto solicita a los países de destino (como Estados Unidos), la ampliación de las vías regulares, ordenadas y seguras de migración.
Instan, en noveno lugar, a un diálogo integral sobre las relaciones bilaterales entre los países de origen, tránsito o destino y retorno.
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El décimo acuerdo plantea fortalecer el trabajo coordinado con los organismos internacionales para atender a las personas que se encuentren en necesidades especiales de protección, en su trayecto de movilidad humana, priorizando mujeres, niñas y niños.
Reafirman en onceavo lugar la necesidad de profundizar las relaciones de cooperación Sur-Sur y triangular en la región, encaminadas a fortalecer las políticas migratorias.
El punto doce acuerda crear un grupo de trabajo, a cargo de las cancillerías, con miras a la implementación de soluciones a la migración.
El último tema es vincular estos acuerdos con un encuentro de América Latina y el Caribe propuesto por Colombia y México, a realizarse el primer trimestre de 2024.
Un acápite adicional propone a los gobiernos de Cuba y Estados Unidos “sostener en el menor tiempo posible un diálogo integral sobre sus relaciones bilaterales”.
Según cifras oficiales de la semana pasada, por la frontera sur mexicana ingresan cada día 5.678 personas; mientras que a la frontera norte con Estados Unidos están llegando en promedio 6.166 cada día.
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Con información de Sputnik.