Luego de que el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, denunciara que hubo conductas aparentemente ilegales que condujeron a la interceptación de las líneas telefónicas de dos exempeladas de la jefe de Gabinete, Laura Sarabia, hecho que calificó como el resurgimiento de las “chuzadas ilegales”, el ministro de la Defensa, Iván Velasquez, se pronunció y manifestó que se debe llegar a la identificación de las personas responsables que habrían ordenado estos supuestos seguimientos irregulares.
El jefe del ente investigador declaró que habría personal de la Dirección de Investigación Criminal (DIJÍN) que habrían entregado documentación con información falsa que vinculaban a las dos mujeres con la organización criminal conocida como el ‘Clan del Golfo’ para que los celulares de las mujeres fueran intervenidos, aparentemente con la intención de obtener información que condujera a la ubicación de una maleta con una cantidad de dinero que aún no se sabe a cuánto ascendía.
Por esta razón el ministro Velasquez explicó que se ha “comunicado con el Director General de la Policía Nacional, el general Salamanca y he dado una instrucción muy concreta, que quiero reiterar públicamente, tiene que descubrirse quién dio la orden, este no es un asunto de un investigador de la Dijín, que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió, que la Fiscalía General adelante con toda prontitud la investigación que ya está en curso, pero que también internamente, dentro de la Policía Nacional se adelanten las investigaciones correspondientes; este Gobierno no tolera las interceptaciones ilegales, muchos de los que hacemos parte del Gobierno ahora padecimos en el pasado, en gobiernos anteriores prácticas ilegales de esta misma naturaleza y esto no se puede repetir en el país y quién tenga que responder, tendrá que responder, aquí no vamos a ocultar a nadie, no vamos a proteger a nadie, cualquiera sea su calidad”.
Así mismo, la Dirección de la Policía Nacional emitió un comunicado de prensa en el que explicó que un integrante de la Dijín acudió a la Fiscalía General de la Nación para entregar su versión con respecto a estos hechos.
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“Tras verificar la información, se determinó que efectivamente en la fecha en mención se autorizó dicha actividad, la cual comenzó a implementarse el 30 de enero, pero que 72 horas después el analista solicitó, ante la autoridad competente, cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada”, expresó la dirección en la comunicación y además declaró que la Inspección General adelanta una investigación interna para aclarar si hubo irregularidades en las actuaciones.
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