La Contraloría General de la República realizará una Actuación Especial de Fiscalización a los recursos públicos recaudados por concepto de la contribución para el uso de la infraestructura pública turística, que recibe el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, luego de que el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez decretara una intervención funcional de oficio a la Contraloría Departamental, desplazándola de su competencia en el tema.
La CGR asume especialmente el conocimiento de la gestión fiscal relacionada con la contribución para el uso de la infraestructura pública turística, por parte de la Oficina de Control de Circulación y Residencia -OCCRE.
Se trata de una Actuación Especial de Fiscalización Intersectorial, que será adelantada por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, en coordinación con la Contraloría Delegada para el Sector Salud y la Contraloría Delegada para el Sector Comercio y Desarrollo Regional.
La Actuación incluye la revisión del porcentaje para infraestructura en salud y dotación hospitalaria y de centros de salud. Así mismo, se evaluará la implementación de la plataforma tecnológica prevista para el recaudo eficiente de la contribución.
Recursos recaudados en 2022 y proyectados en 2023
Por la vigencia fiscal 2022, la gobernación del Departamento percibió recursos por “contribución por uso de la Infraestructura Pública turística” por la suma de $38.213.380.000. Y de esta cifra, acorde a los criterios establecidos en el parágrafo 1ro del artículo 2do de la Ley 2203 de 2022 (Infraestructura en salud), se destinaron $6.462.200.000.
Y en lo correspondiente a la vigencia fiscal 2023, la gobernación del Departamento estimó ingresos por concepto de infraestructura pública turística por valor de $40.000.000.000
Fundamento de la intervención funcional
El artículo 6 del Decreto Ley 403 de 2020 establece que la Contraloría General de la República podrá realizar en cualquier tiempo la prevalencia para la vigilancia y el control fiscal de los entes territoriales, mediante los mecanismos que allí enuncia, entre ellos la intervención funcional de oficio.
Este ejercicio de la prevalencia implica el desplazamiento de la respectiva contraloría territorial en su competencia hacia la Contraloría General de la República, sin que ello implique el vaciamiento de las competencias de aquella
Le puede interesar: A partir del 23 de mayo entra en operación el “cerebro del Transporte”, la concesión RUNT 2.0
En desarrollo de la mencionada facultad, mediante Resolución Ordinaria 1482 del 12 de mayo de 2023 se ordenó intervención funcional de oficio a la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en virtud de la cual se desplaza a dicho organismo de control fiscal en su competencia.
Lea también: Se aproxima la temporada de huracanes, Colombia tendrá seis en 2023, toca prepararse