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Adelantan acciones para recuperar dos predios afectados con minería ilegal en Antioquia

[FOTOS] Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, que se ubican en el municipio de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), escenario del reciente paro minero que afectó durante varias semanas el orden público en la región y que no había permitido hacer la inspección.

Al finalizar el mes de abril, el Fondo para la Reparación de las  Víctimas, junto con la  Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia),  la  Gobernación de Antioquia,  la  Secretaría de Minas,  la Alcaldía de Cáceres, la Personería y la Procuraduría, visitó los dos predios y encontró un grave deterioro debido a la minería ilegal, lo que ha generado un  gran  impacto social  y  ambiental  que  viene afectando  a  toda  la comunidad del municipio.

En  Mandinga se encontró que, sorpresivamente, se tramitó una licencia ambiental en la que nunca se consultó al Fondo para la Reparación de las Víctimas a pesar de ser el propietario del bien. Además, el recorrido arroja que no se trata de minería artesanal sino de minería con maquinaria, con excavaciones profundas  que  deja  un  balance  de  daños  físicos   y ambientales muy grande en el predio.

En   Marlengo se  presenta  una  ocupación  ilegal  de  alrededor  1.000 unidades habitacionales para casi  5.000  personas,  según  datos de la Alcaldía de  Cáceres,  lo  que ha generado una problemática social  muy amplia que se revisará en conjunto con varias entidades locales. A esto se suma la  presencia de actividades mineras no artesanales, similares a las que hay en Mandinga.

El Fondo no tiene las  competencias para frenar estas actividades, por lo que se solicita la presencia del Ministerio de Minas, procuraduría delegada al seguimiento del proceso de paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y Ejército.

El  viernes finalmente se  llevó a cabo  la  mesa interinstitucional y allí el Fondo para la Reparación de las  Víctimas expuso la situación de los  dos predios, además de solicitar la  intervención  de todas las  entidades para buscar optimizar la administración de estos bienes, teniendo en cuenta la problemática social y ambiental que se está presentando.

Por  el   momento,  todas  las    instituciones   participantes de  la   mesa acordaron entregar informes de la  situación de cada una de las  fincas, mientras la Policía de Carabineros arranca un proceso de pedagogía con los   mineros antes  de  iniciar  procesos de  desalojo e  incautación  de maquinaría.

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Se continuará trabajando en una mesa conjunta de seguimiento y  se espera que, en menos de un mes, se tengan los informes de cada entidad para  realizar   una  nueva  reunión  para  empezar  a  trabajar   en  la recuperación de los dos predios y en la búsqueda de soluciones integrales en favor de las  víctimas sino también de las  comunidades afectadas de Cáceres.

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