La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra servidores públicos en averiguación adscritos a la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Barranquilla, por presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales para la prestación del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas de la ciudad, durante los años 2022-2023.
A través de esta actuación, el Ministerio Público busca establecer si esta situación ha afectado a la comunidad educativa, particularmente a los menores y a sus padres, puesto que se habrían tenido que ausentar de las clases generando un posible riesgo de deserción escolar, según lo señalaron medios de comunicación locales.
Asimismo, según reportaron las noticias, la Secretaria de Educación habría efectuado “un ajuste en la prestación de este servicio, que incluye la disminución de rutas escolares que están por fuera de la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, para lograr la optimización de los recursos con el fin de que la estrategia siga siendo implementada”.
Las notas periodísticas también hicieron alusión del comunicado de prensa del pasado 28 de febrero de 2023, en el que la Alcaldía de Soledad ofreció cupos en colegios públicos para estudiantes cuyos padres desistieron de matricularlos en la capital del Atlántico.
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Con el fin de identificar e individualizar a los servidores públicos presuntamente comprometidos, determinar la ocurrencia de conductas posiblemente irregulares, las circunstancias en las que se cometieron, y establecer si constituyen faltas disciplinarias, así como el posible perjuicio causado, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla ordenó la práctica de pruebas.
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