La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Seccional Cundinamarca, y en un trabajo investigativo articulado con la DIJIN de la Policía Nacional, capturó a una familia que, junto con un conocido, se había organizado para buscar jóvenes en redes sociales para forzarlas a ejercer la prostitución en municipios ubicados en las inmediaciones de Bogotá.
Los elementos de prueba indican que las víctimas, al parecer, eran ubicadas por redes sociales y en bares, vinculadas a una comunidad virtual en la que se ofrecían servicios sexuales, donde les creaban un perfil; y trasladadas para cumplir encuentro íntimos en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y otros municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá.
En uno de los casos que se le atribuye a esta red, presuntamente, fue retenida una mujer en un inmueble y sometida a realizar actos sexuales. Adicionalmente, le quitaron dinero y documentos de identidad, y fue obligada a ejercer trabajos domésticos sin remuneración a cambio.
Por este caso, cuatro personas fueron capturadas e imputadas por el delito de trata de personas agravado. Los procesados son:
• Juan Manuel Vargas Díaz, señalado de ubicar y convencer a las mujeres de integrar la comunidad virtual. Este hombre habría captado a la víctima del caso de trata personas en la localidad de Chapinero, en Bogotá, y la vinculó al grupo de internet frecuentado por personas que buscaban y pagaban para sostener relaciones sexuales. Recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
• Óscar Javier Vargas Laverde, padre de Juan Manuel. Sería el responsable de contactar y recibir directamente el dinero de los ‘clientes’, del cual descontaba diversos valores a las jóvenes por concepto de gasolina, transporte, entre otros. Al parecer, fue quien ejerció control sobre la víctima de trata de personas, restringió sus comunicaciones y libertad, y la obligó a tener encuentros sexuales. Recibió medida de aseguramiento en centro carcelario.
• Emilce del Rocío Díaz Prieto, madre de Juan Manuel y esposa de Óscar Javier, es señalada de obligar a la víctima de trata de personas a cumplir trabajos domésticos sin remuneración. Por disposición del juez de control de garantías deberá seguir vinculada a la investigación.
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• Kevin Pineda Naranjo, presunto encargado de recibir la mujeres contactadas para los servicios sexuales. Por disposición del juez de control de garantías deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia.
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