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Destituyen a 11 jueces por corrupción en Bolivia y abren procesos disciplinarios contra otros siete

Las investigaciones de la corrupción judicial habían detectado al menos 135 casos de condenados que fueron favorecidos ilegalmente con detención domiciliaria.

El Consejo de la Magistratura (CM) de Bolivia anunció este jueves la destitución de 11 jueces y la apertura de procesos disciplinarios contra otros siete, como consecuencia de un escándalo de corrupción que sacude al sistema judicial del país.

“Hemos logrado detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria. En ese sentido, el Consejo de la Magistratura ha determinado el día de hoy cesar en sus funciones a 11 jueces de ejecución penal y mandar a proceso disciplinaria a siete jueces”, dijo el presidente del CM, Marvin Molina, reportó la estatal Agencia Boliviana de Información.

El anuncio fue hecho al día siguiente de que la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, revelara que las investigaciones de la corrupción judicial habían detectado al menos 135 casos de condenados que fueron favorecidos ilegalmente con detención domiciliaria.

De esos reos, 10 fueron recapturados en los últimos días, indicó Prada.

El magistrado Molina dijo que el CM revisó más de un millar de expedientes de casos judiciales de feminicidios, infanticidios y violaciones, en los que se detectaron las irregularidades, principalmente órdenes irregulares de libertad de los condenados emitidas por juzgados que vigilan la ejecución de penas.

“Hemos terminado las intervenciones, consideramos que el Consejo de la Magistratura ha tenido un rol fundamental para el esclarecimiento de estos hechos. Esperamos que en el futuro este tipo de actos y de hechos de carácter irregular no vuelvan a ser cometidos por autoridades jurisdiccionales”, afirmó.

Entre los jueces destituidos figuraba Rafael Alcón, quien a fines de 2019 dio libertad a un feminicida múltiple condenado a 30 años de prisión, quien volvió a cometer asesinatos cuando estaba supuestamente en detención domiciliaria, caso cuyo descubrimiento desató el escándalo.

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Las investigaciones reportadas por el magistrado Molina y la ministra Prada formaban parte del trabajo encomendado por el presidente Luis Arce a una comisión de altas autoridades de los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, además de representantes de organizaciones femeninas y de derechos humanos.

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Con información de Sputnik.

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