El general Fernando Murillo, jefe de la DIJÍN de la Policía Nacional, reportó la desarticulación de una red dedicada a la prostitución ilegal de mujeres colombianas, venezolanas, ecuatorianas y peruanas, la cual se valía de rituales de brujería y santería para que sus víctimas no escaparan y denunciaran su situación.
El oficial explicó que luego de varios meses de investigación se logró identificar a los nueve integrantes de la organización, quienes fueron detenidos luego de operativos simultáneos en Bogotá e Ipiales (Nariño), en donde la banda tenía su sede operativa.
“Se trata de una organización delincuencial que tenía tentáculos criminales en el municipio de Calarcá (Quindío) y la capital de la República. El modus operandi de estos delincuentes era la captación de mujeres con vulnerabilidad económica, bajo la promesa de un trabajo que les permitiría a ellas y a sus familias tener una vida mejor; a sus víctimas las trasladaban al municipio fronterizo con la finalidad de explotarlas y comercializarlas sexualmente en dos establecimientos acondicionados como clubes nocturnos, en donde eran privadas de su libertad”, explicó el general Murillo.
Según la investigación, una vez las mujeres llegaban al establecimiento, eran notificadas de una deuda exorbitante, la cual debían saldar obligatoriamente con servicios sexuales aberrantes, en caso de negarse a pagar esta deuda, eran amenazadas con hacerle daño a sus familias o con supuestas maldiciones de magia negra y santería; además de esto, eran sometidas a tortura física y psicológica, dejando secuelas permanentes. De igual manera las ponían bajo vigilancia constante para evitar que salieran del club y dieran aviso a las autoridades competentes.
A pesar de esto, tres jóvenes víctimas lograron escaparse y tuvieron la valentía de denunciar; es así como se da inicio a las pesquisas investigativas, en las que se logró evidenciar que las jóvenes eran captadas en las ciudades de Bogotá, municipios del Eje Cafetero, Valle del Cauca, Antioquia, y en los países fronterizos de Venezuela, Ecuador y Perú, para su explotación en el municipio de Ipiales, en donde aparte de obligarlas al ejercicio de la prostitución, eran denigradas mediante maltratos con la única finalidad de recibir un lucro que beneficiaba a los miembros de la organización criminal.
Alias “Amparo”, capturada durante los operativos, había heredado el negocio criminal al mejor estilo de una saga familiar, asumiendo el liderato de la organización criminal desde hace varios años, además de ello era la propietaria del predio donde funciona uno de los clubes nocturnos, en el cual venían ocurriendo los hechos materia de investigación desde el año 2014.
“Amparo” fue capturada en el municipio de Ipiales, junto con alias “La patrona”, “Dianita”, “Henry”, “Paola”, “Javi”, “Jota”, “Bairon” y simultáneamente también cayó en Bogotá una de las principales captadoras, conocida como “Sammy”, a quienes las víctimas, a través de álbumes de reconocimiento fotográfico, realizaron señalamientos directos de ser los responsables de haberlas prostituido y de amenazarlas constantemente.
Al momento de ejecutar el operativo, además de las capturas, se logró el rescate de 4 víctimas, dos de nacionalidad colombiana, una peruana y una venezolana, la cuales se encontraban dentro del establecimiento comercial administrado por alias “Amparo”, “La patrona” y alias “Jota”.
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Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías, quien legalizó los procedimientos y profirió medida de aseguramiento a todos en establecimiento penitenciario y deberán responder por los delitos de trata de personas en concurso homogéneo y sucesivo con concierto para delinquir.
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