Con el auge de las plataformas digitales, el impulso al comercio electrónico, los avances del gobierno digital y la mayor disposición de los colombianos a hacer todo tipo de transacciones de manera virtual, las alarmas en materia de ciberseguridad se han disparado desde todos los frentes. En opinión de expertos, uno de los grandes retos que tienen las compañías que ofrecen este tipo de servicios a través de canales digitales es la identificación rápida y precisa de sus usuarios; en pocas palabras, garantizar que la persona que está accediendo a la plataforma sea quien realmente dice ser.
De acuerdo con Cristian Mendieta, Legal Counsel de Olimpia IT, en los ecosistemas digitales la necesidad de identificar y autenticar tanto documentos como personas y entidades, es vital para el adecuado desarrollo de cualquier intercambio de valor, de productos o servicios. “Las entidades de certificación digital tienen la potestad de expedir certificados digitales que garantizan que una determinada firma digital o electrónica le pertenece a una persona, así como también un intercambio de valor se efectúa de conformidad con lo pactado y certificar el momento exacto en que se produjo un acto de comercio o un documento que contenga cualquier tipo de derecho, entre otros”, explicó.
Hay que tener en cuenta que en en el país, el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) es la entidad encargada de determinar qué compañías pueden emitir certificados digitales, que les permita actuar como terceros de “absoluta confianza” en el ecosistema digital. “Hay soluciones que se han adaptado a las necesidades emergentes de los usuarios con productos como Mi Certificado, creado por Olimpia IT, con la generación de firmas digitales, sellos de tiempo, y certificación de correos electrónicos, entre otras alternativas”, agregó Mendieta.
El propósito de los certificados digitales también es brindar seguridad jurídica a los procesos de transformación digital, de tal suerte que les permita a las personas, empresas y entidades públicas, ofrecer sus capacidades y atender sus comunicaciones de manera segura. “La transformación digital, es un factor clave y relevante en las mediciones globales de competitividad, por ello, el estado viene incentivando por medio de distintas normas la aceleración de este factor, es así, como se espera que para el año 2035 todos los trámites sean completamente digitales”, concluyó el experto.
Finalmente, el Estado colombiano ha avanzado desde su marco jurídico en el establecimiento de normas para favorecer la identificación de los usuarios y la protección de los datos en plataformas digitales. A continuación, cuatro de las más reconocidas herramientas de política pública en ese sentido:
- Servicios ciudadanos digitales (SCD): aquí se utilizan las firmas digitales expedidas por las entidades de certificación digital como método de autenticación fuerte, es decir, que las comunicaciones o documentos de alto nivel de crítica deberán contar con este tipo de firmas.
- SIIF Nación: La comunicación y envío de información presupuestal a nivel nacional, emplea el uso de firmas digitales y sellos de tiempo expedidos por entidades de certificación digital.
- El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, exige para la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) firmas digitales certificadas.
- Declaraciones tributarias electrónicas: La DIAN, viene adelantando una estrategia eficiente en la transformación digital de todas las declaraciones tributarias, de tal forma que en todas ellas se cuente con una firma digital para identificar al emisor o contribuyente.
En opinión de los expertos, las interacciones comerciales, públicas y privadas en estos tiempos estarán cada vez más relacionadas con la transformación digital de las organizaciones y eso generará que el mayor grado de confianza posible cobre un valor importante. “Hoy en día, considerar cualquier actividad pública o privada sin pensar en un componente digital esencial, es estar tres pasos atrás con respecto a cualquier expectativa del consumidor final, sea este una persona, organización o entidad pública”, concluyó Mendieta.