Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó cargos al abogado Camilo Torres Becerra por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, tras obtenerse evidencia de que hizo parte de una red de corrupción que desfalcó $1.762 millones que hacían parte de los recursos para la liquidación de la empresa.
Junto con este abogado, había un grupo de empleados de la compañía y funcionarios judiciales, quienes se confabularon para obtener dinero que no les correspondía como parte de la indemnización por el cierre de la empresa.
El presunto articulador del andamiaje ilegal fue Torres Becerra, quien fue el apoderado de cinco personas retiradas de Telecom, quienes presentaron una tutela para reclamar derechos sindicales y dineros que, supuestamente, no les fueron reconocidos durante el proceso de separación de sus funciones.
Los elementos de prueba dan cuenta de que la tutela fue asignada con un acta falsa a un juez Penal Municipal encargado. El funcionario judicial, en su último día en el cargo, aceptó las pretensiones de los accionantes, indicó que fueron despedidos injustamente y ordenó pagar salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social.
Para garantizar la entrega efectiva de los dineros, el fallo dispuso como medida cautelar el embargo y secuestro de las cuentas corrientes de Telecom en Barranquilla (Atlántico) por $1.792 millones de pesos. Al parecer, la suma fue entregada, a través de un título judicial, al abogado Torres Becerra. A la fecha, los recursos no han sido recuperados.
En las verificaciones se constató que la tutela no podía ser resuelta a favor de los extrabajadores porque, días antes, una acción similar y con las mismas pretensiones había sido negada por algunos juzgados laborales.
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Respecto al juez que decidió la tutela de manera irregular y permitió el detrimento patrimonial, la Fiscalía obtuvo condena de 60 meses de prisión por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación a favor de terceros.
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