En el marco de la estrategia de esclarecimiento y priorización de graves afectaciones contra defensores de derechos humanos y reincorporados, la Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), judicializó a Fernando Israel Méndez Quitumbo, alias el Indio Amansador, como presunto integrante de las disidencias de las Farc, estructura Dagoberto Ramos.
Este hombre que permanece recluido en la cárcel de Valledupar (Cesar), por cuenta de otros procesos, fue imputado en esta ocasión por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, secuestro extorsivo agravado, concierto para delinquir agravado, amenazas, porte ilegal de armas de uso restringido de las fuerzas militares y porte ilegal de armas de uso personal.
En desarrollo de esta investigación igualmente han sido expedidas 7 órdenes de captura contra otros posibles integrantes de la estructura criminal.
Las indagaciones y el material probatorio recabado por la Fiscalía indicarían que alias el Indio Amansador y los demás investigados estarían implicados en por lo menos 13 afectaciones cometidas en contra de líderes sociales, indígenas, campesinos y excombatientes de las FARC, en el departamento de Cauca.
Entre los hechos que se les atribuyen están:
1. Homicidio de Virginia Silva de Vargas, médico tradicional indígena perteneciente al resguardo de Páez Belalcázar, en hechos ocurridos el 7 de enero de 2020 en la vereda El Canelo, de esa población caucana.
2. Homicidio de Amparo Guejía Mestizo y Juan Pablo Dicue Guejía. Este último, líder social indígena y miembro del resguardo de Huellas Caloto. El crimen fue perpetrado el 10 de enero de 2020 en el sector La Buitrera del corregimiento El Palo, en el municipio de Caloto (Cauca).
3. Homicidio de Nelson Enrique Meneses Quiles, líder social miembro de Marcha Patriótica, asesinado el 10 de enero de 2020 en la vereda Yarumal del municipio de Inza (Cauca).
4. Homicidio de Luis Hugo Mosquera y Albeiro Silva Mosquera, líder social indígena perteneciente al resguardo Cilia La Calera. Los hechos ocurrieron el 16 de febrero de 2020 en la vereda La Cilia del municipio de Miranda (Cauca).
5. Homicidio de Emerson Damián Barbosa Ucue, campesino de la vereda La Floresta del municipio de Inza, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 2019 en esa zona rural.
6. Homicidio de Dumar Noe Mestizo, líder social juvenil indígena, muralista, miembro del movimiento juvenil Álvaro Ulcué Chucué Chxab Wala Kiwe, perteneciente al resguardo de Tacueyó. El crimen fue cometido el 4 de octubre de 2019 en la vereda La Despensa del citado resguardo.
7. Homicidio de Carlos Celimo Iter Conde, reincorporado de las Farc, en hechos ocurridos el 25 de septiembre de 2019 en el sector La Junta del corregimiento El Palo, en Caloto.
8. Homicidio de Alex Cunda Silva, comunero indígena quien había pertenecido a las FARC y no se desmovilizó. Pertenecía al resguardo Cilia La Calera del municipio de Miranda. Fue asesinado el 8 de marzo de 2019 en la vereda La Unión de esa población.
9. Homicidio de Janer Ulpiano Ul Calambas, comunero indígena, perteneciente al resguardo Huellas de Caloto (Cauca). Asesinado el 8 de marzo de 2019 en la vereda La Unión del resguardo La Cilia La Calera del municipio de Miranda.
10. Amenazas a un líder social del municipio de Caloto, en hechos ocurridos en esa población.
11. Amenazas al secretario de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Tierrero, comunero indígena perteneciente al resguardo de Huellas, en hechos ocurridos el 23 de septiembre de 2018 en la zona rural donde ejercía, en Caloto.
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12. Amenazas a comunero indígena del resguardo Huellas, en hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2018 en la vereda El Tierrero de Caloto.
13. Secuestro de un reincorporado ocurrido entre el 26 de enero de 2020 y el 30 de marzo de del mismo año, en la vereda Santo Domingo de Toribío (Cauca).
Las acciones desplegadas por la UEI para contribuir con el desmantelamiento de organizaciones criminales además permitieron identificar a tres subestructuras de la ‘Dagoberto Ramos’: una de ellas ubicada en el sector de Miranda y Corinto; otra en los municipios de Caloto, Jambaló, Corinto y Toribío; y una última en el oriente de Cauca, municipios de Inza, Totoró, Páez y Silvia.
Con estos resultados, la entidad reafirma su compromiso de garantizar justicia en los territorios y encontrar la verdad sobre los hechos delictivos que ponen en peligro la integridad de defensores de derechos humanos, comunidades indígenas, líderes campesinos y sociales, así como a las personas en proceso de reincorporación.
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