El material de prueba obtenido por la Fiscalía General de la Nación puso en evidencia dos casos de posible corrupción, por lo que sus presuntos responsables, entre funcionarios y particulares, fueron presentados ante jueces de control de garantías.
Contrato TIC´s en Agustín Codazzi
La Fiscalía imputó al exalcalde encargado de Agustín Codazzi (Cesar) Ricardo Fernández Urbina, al exsecretario de Educación municipal Gerley Aranda Olivero y al contratista Juan Valdeblanquez Ipuana, los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación.
Los hechos investigados están relacionados con la celebración del contrato 007 del 17 de julio de 2019, que tuvo por objeto la compra de computadores, atriles interactivos, cámaras, software y otros equipos tecnológicos para mejorar la capacidad y calidad educativa en 12 colegios.
El contrato, cuyo valor ascendió a 5.487 millones de pesos, fue suscrito mediante la figura de selección abreviada por subasta inversa. El material de prueba indica que con el mismo se habría desconocido los principios de selección objetiva, legalidad, economía y trasparencia.
Al parecer, no hubo estudios previos de precios y se presentó un presunto sobrecosto de 1.608 millones de pesos. Las verificaciones permitieron conocer que, para la fecha, el real costo de los elementos y actividades contratadas ascendía a 3.878 millones de pesos.
Raciones alimenticias para estudiantes de Mitú
La Fiscalía imputó al contratista César Augusto Caicedo Velásquez los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Los indicios permitieron conocer que el hoy procesado, como representante legal de una fundación, celebró un convenio con la Alcaldía de Mitú (Vaupés) para entregar 260.000 raciones alimenticias a estudiantes de varios centros educativos.
Este convenio se suscribió en 2012. Inicialmente, se habría pagado al contratista un anticipo por el 50% del valor total de lo establecido $300’000.000 y $30’000.000 más por protocolizar la propuesta. Sin embargo, la fundación seleccionada no asumió y, presuntamente, subcontrató la distribución de los alimentos.
Finalmente, el convenio fue liquidado sin que, al parecer, se hubiera cumplido en su totalidad.
En este proceso también están vinculados el exalcalde y el exsecretario de Gobierno de Mitú para la época de los hechos.