La vicepresidenta colombiana y canciller delegada, Marta Lucía Ramírez, viajará la próxima semana a Ginebra (Suiza) para exponer ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la situación de tales derechos en el país, dando respuesta a las denuncias de abuso policial en las protestas que desde el pasado 28 de abril se realizan contra el Gobierno, confirmó el lunes a la prensa el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.
“La señora vicepresidenta, ahora además canciller, viajará a Ginebra a reunirse con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, manifestó.
El funcionario, quien permanecerá en su cargo hasta el martes, luego de que el pasado 3 de mayo presentó su renuncia irrevocable al presidente Iván Duque, agregó que el viaje de Ramírez a Ginebra es parte de las garantías que busca ofrecer el Gobierno al Comité Nacional del Paro (CNP), que lidera las movilizaciones en el país.
“Hace parte de los puntos que había propuesto el Comité Nacional de Paro para avanzar en garantías para el ejercicio de la protesta social y pacífica; estamos avanzando con resultados concretos, no es retórica”, dijo Ceballos, quien desde hace dos semanas coordina las reuniones con delegados del CNP para buscar la instalación de una mesa de negociaciones que permita levantar el paro contra el Gobierno.
Colombia cumplió el lunes 27 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el domingo 2 de mayo.
Sin embargo, las manifestaciones han seguido y el miércoles pasado la presión social logró que los congresistas de las comisiones séptimas conjuntas de Senado y Cámara aprobaran archivar el polémico proyecto de ley 010 de Senado y 425 de Cámara, con el cual se planteaba una reforma al sistema de salud.
Al menos 50 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y casi 600 fueron heridas, de las cuales al menos 37 sufrieron lesiones oculares por disparos al parecer efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Además, se habría detenido de manera arbitraria al menos a 1.430 personas y se habría cometido violencia sexual contra 21 mujeres.
Ante tales abusos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la OEA, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía de Colombia.
Con información de Sputnik.