La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de garantías impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra dos hombres señalados de pertenecer a las disidencias de las Farc conocidas como Oliver Sinisterra, por su presunta responsabilidad en el homicidio del líder social Ómar Moreno Ibagué, cometido el 28 de diciembre de 2020 en el sector La Guayacana del municipio de Tumaco (Nariño).
En desarrollo de la estrategia para contribuir con el desmantelamiento de organizaciones criminales y el esclarecimiento de graves afectaciones contra defensores de derechos humanos, se imputó al presunto cabecilla de una comisión del grupo armado en mención, Jhon Jarwin Casierra Cuero, alias ‘el Abuelo’; y a Jefferson Humberto Arciniegas Palma, alias ‘el Gordo’; capturados en Cali (Valle) y Tumaco, respectivamente, por unidades del CTI de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército Nacional.
Alias ‘el Abuelo’ respondería por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, partes o municiones y concierto para delinquir agravado. Entretanto, a alias ‘el Gordo’ solo se le endilgó este último punible.
Las acciones investigativas evidenciarían que la víctima, quien era miembro del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (Sintragrim) y la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), además de pertenecer a la Unión Patriótica, fue ultimada y desaparecida por varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas.
El día de los hechos, los atacantes habrían interceptado sobre el km 92 vereda La María, el transporte intermunicipal en el que viajaba Moreno Ibagué desde el corregimiento de Llorente con destino a Pasto (Nariño), y lo sacaron del vehículo por la fuerza. Posteriormente, lo trasladaron a una casa sobre la vía donde al parecer lo amarraron y lo torturaron.
Esta acción criminal aparentemente fue grabada por los presuntos responsables y difundida en el sector como instrumento de intimidación.
A través de testimonios, reconocimientos fotográficos e interceptación de comunicaciones se infiere la posible pertenencia de los investigados al grupo disidente, así como su participación en el crimen de líder social.