En una reunión sostenida con la directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Lina Arbeláez; la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez; y la consejera presidencial para la Niñez y la Adolescencia, Carolina Salgado; la Vicefiscal General de la Nación, Martha Mancera, recibió́ el informe con la denuncia colectiva contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos armados residuales, por el reclutamiento forzado sistemático de niños, niñas y adolescentes.
Los menores incluidos en el documento, víctimas de esta problemática, lograron desvincularse y fueron atendidos en el programa especializado que el ICBF tiene para el restablecimiento de sus derechos.
Primera denuncia
En la primera de las denuncias, contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOr), Lina Arbeláez, directora del ICBF, pide al ente acusador que se investigue a los responsables por este delito, en concurso con lesiones personales, tortura y violencia sexual, todos en persona protegida, entre otras conductas punibles. Se busca restablecer el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de 465 niños, niñas y adolescentes que se desvincularon de estos dos grupos entre el 25 de noviembre de 2016 y el 31 de enero de 2021, y que fueron atendidos en el programa especializado del ICBF para las víctimas de este delito.
Segunda denuncia
En la segunda denuncia, la Directora entrega información que le ayudará a la Fiscalía a esclarecer el proceso frente a los más de 1.288 casos denunciados que tiene por reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte del ELN, de 1999 a la fecha.
“Hoy le estamos entregando a la Fiscalía General de la Nación testimonios e información clave para que se investiguen estos hechos y se establezca la responsabilidad penal de los miembros de estas organizaciones que reclutaron de manera recurrente, sistemática y oficializada a cientos de niños, se los llevaron y los involucraron en un mundo que vulnera todos sus derechos”
Lina Arbeláez, directora General del ICBF
Ante las denuncias, la Vicefiscal General de la Nación manifestó que se dispondrán todos los medios técnicos e investigativos para adelantar los procesos con celeridad y rigurosidad, con el fin de lograr la judicialización de los responsables que han atentado contra la integridad de niños, niñas y adolescentes.
Por otra parte, resaltó que, para el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, es de suma importancia poder focalizar todas las actividades investigativas sobre este tipo penal en un grupo de fiscales con dedicación exclusiva a esta temática, adscritos a la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (Daiaco), quienes, junto con los investigadores y analistas, están especializados en la investigación y acusación de este tipo de fenómenos delictivos.
Sobre este fenómeno criminal y sistemático, la Fiscalía ha venido abordando las investigaciones bajo una estrategia de priorización que ha permitido identificar las zonas donde se concentra el mayor número de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos armados, así: Arauca, Norte de Santander, Bajo Cauca, sur de Córdoba, Chocó, Cauca, Nariño y Meta.
Esta estrategia se ha concentrado en: (i) escuchar a las víctimas, que a su vez son testigos de excepción de esta práctica criminal; (ii) asociar los casos en unas macro-investigaciones enfocadas en la persecución de los máximos responsable; (iii) priorizarlos y asignarlos especialmente a fiscales de la Daiaco.
En ese sentido, la vicefiscal Martha Mancera señaló que ya existen resultados contundentes como la judicialización, en calidad de persona ausente, de alias ‘Pablito’, alias ‘Gabino’, alias ‘Antonio García’ y alias ‘Pablo Beltrán’, miembros del Comando Central (COCE) del ELN, por 258 hechos de reclutamiento que han cometido los diferentes frentes de ese grupo armado en el territorio colombiano, así como de otros 11 comandantes de frente.
Igualmente, indicó que “a las disidencias de las Farc, desde 2016 a la fecha, se le han atribuido 100 reclutamientos, a los distintos grupos que delinquen en los departamentos y corredores regionales del país (…). También, tenemos 316 hechos atribuidos a quienes dejaron el Proceso de Paz y fueron excluidos por la JEP, estas personas cuentan con orden de captura por el delito de reclutamiento ilícito”.
Además, se le atribuyeron a las Autodefensas Gaitanistas casos con 18 víctimas, mientras que a ‘Los Caparros’ se les endilgaron casos con 16 víctimas. En total, durante 2019 y 2020, la Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra integrantes de estos grupos por 708 hechos victimizantes de reclutamiento ilícito.
En consecuencia, con ocasión del informe presentado, la Fiscalía, el ICBF y las consejerías presidenciales de Derechos Humanos y de la Niñez y la Infancia, seguirán trabajando de manera articulada y “se generará una nueva ruta para analizar los contextos donde ocurrieron los hechos, poder escuchar a los niños, niñas y adolescentes de esta actividad atroz que es el reclutamiento, y poder continuar atribuyéndole a los comandantes y al COCE los hechos victimizantes de los menores de edad que se presenten en el territorio nacional”, enfatizó la vicefiscal Mancera.