El movimiento político Compromiso Ciudadano, liderado por Sergio Fajardo, propone para la discusión en el grupo de la Coalición de la Esperanza, una serie de principios para la construcción del acuerdo ético y su aplicación en la acción política y el ejercicio del poder público.
Para Compromiso Ciudadano, el punto de partida ético para la acción política está basado en el Artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos humanos:
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Es en este punto donde, según Fajardo, se despliegan los demás principios y valores propuestos para llegar a un acuerdo ético:
1. Respeto a la Vida
La vida es el valor máximo y el fundamento que le da sentido a todos los fines. Cada ser humano, por el solo hecho de existir, posee una dignidad inalienable que debe ser cuidada, valorada y respetada. Entendemos la acción política como una herramienta para proteger y enriquecer integralmente la calidad de vida de todas las personas.
2. No-violencia
No existe ninguna idea, ni propósito político, que justifique el uso de la violencia para alcanzarlo. Solo es legítimo el uso exclusivo de medios civilistas y pacíficos para conseguir las metas individuales y colectivas. Para que esto sea viable es obligatorio reconocer que la administración de justicia y el uso de la fuerza son monopolios del Estado y están reguladas por marcos jurídicos internacionales y nacionales, que limitan y encauzan dicha delegación.
3. Superación de las desigualdades
Especial énfasis hacemos en buscar superar las profundas desigualdades que tiene la sociedad colombiana. Entre ellas la igualdad de derechos con las mujeres, las relaciones igualitarias entre los géneros, la igualdad entre habitantes del campo y de las ciudades, y entre grupos y sectores. Esta es una dimensión esencial de la construcción de cualquier democracia profunda.
4. No todo vale
Cuando se ejerce la política y se asumen funciones públicas con profundo sentido ético, no es aceptable utilizar cualquier medio. Medios y fines están estrechamente ligados, unos y otros deben guardar coherencia y ser consistentes en el tiempo. Rechazamos el uso de la mentira, el engaño o la demagogia para conseguir votos, apoyos, mejorar la imagen o gestionar lo público, ya que es una manera de traicionar los ideales que nos convocan a trabajar juntos/as.
5. La Política para el Bien Común
Entendemos la política, en todas sus expresiones, como la actividad ciudadana que se ocupa de buscar el interés común para elevar la calidad de vida de todas las personas. En consecuencia, le asignamos a la participación en política un alto valor humano, un profundo sentido social y la concebimos como una forma de comprometernos con un futuro colectivo del cual todos y todas somos responsables. No aceptamos el ejercicio de la política como una forma de conseguir el beneficio personal
6. Cuidado de los Bienes Públicos
Buscar ese bien común exige el cuidado de todos los bienes públicos (materiales e inmateriales). Por lo tanto hace parte de nuestras responsabilidades como individuos, como ciudadanos y ciudadanas y como colectivo, el reconocimiento, cuidado, ampliación y protección de esos bienes públicos, pensando en las actuales y las futuras generaciones. Defendemos la noción de que los recursos públicos, de cualquier tipo que fuere, sólo pueden utilizarse para el bien común y nunca para el enriquecimiento individual
7. Conservación de la Diversidad – Búsqueda de la Sostenibilidad
Reconocemos que los seres humanos somos parte de la naturaleza y dependemos de ella para nuestra vida y bienestar. Todas nuestras acciones tienen un gran impacto sobre el planeta y la biodiversidad, que es patrimonio natural de Colombia. Desde nuestro quehacer político nos comprometemos a priorizar el cuidado de los ecosistemas que son la base de la vida. La gestión gubernamental, con un criterio de sostenibilidad, debe diseñar políticas y proyectos que produzcan resultados positivos que construyan no solo una sociedad más justa sino también más consciente, más crítica y con un profundo compromiso ambiental
8. Recursos Públicos – Recursos Sagrados
El cuidado y mejor uso de los recursos públicos es nuestra obligación, por esto mismo, la lucha contra la corrupción es un principio de la gestión de nuestras responsabilidades públicas. El poder se dirige a la realización de los derechos y el cuidado de las libertades de la ciudadanía y no al enriquecimiento particular o de unos pocos cercanos a mi. Quienes asumimos estos valores y principios nos retamos a ser ejemplo en este campo y adoptamos la lucha contra la corrupción en todas sus formas, como una de las banderas centrales de La Convergencia
9. Integridad para gobernar
Nuestros postulados y las decisiones que pasen por nuestras manos, además de buscar siempre el mayor bien común, se guían por el deseo explícito de ser reconocidos/as como honestos, ser ejemplo, dignos de respeto y confianza en todo momento y a lo largo del tiempo; coherentes y consistentes entre nuestros actos y nuestros discursos
10. Participación ciudadana
En el ejercicio de la acción pública asumimos el deber democrático de abrir las cuestiones públicas a la participación e incidencia más amplia posible de la ciudadanía, como un mecanismo para la toma legítima de decisiones en conjunto y un medio para la formación de nuevos ciudadanos y ciudadanas que ejerzan con responsabilidad sus derechos y deberes.
11. Transparencia
La transparencia de cualquier acción pública es un valor central del ejercicio del poder público. Producir la mejor información, hacerla visible, rendir cuentas, facilitar el acceso a toda la información pública y responder siempre por lo que se ofrece, se ha hecho, cómo se ha hecho y qué se ha conseguido, es un deber nuestro y un derecho ineludible de la ciudadanía. Si a un ejercicio transparente y accesible, se suma la coherencia y la consistencia con el marco de los principios adoptados, se crea un ambiente que fortalece la confianza y la legitimidad de la ciudadanía en sus instituciones
12. Planificar colectivamente – no improvisar
La adecuada gestión de los recursos públicos requiere que éstos se utilicen guiados por un proceso plural, metódico y responsable de planeación, que garantice eficacia y efectividad para lograr el bien común y la superación de las desigualdades. Para esto se busca que las decisiones que se toman escuchen y respeten las voces de los territorios, incluyan saberes diversos y la participación de organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, de tal manera que permitan escoger y recomendar las mejores opciones de inversión y acción según las condiciones de cada territorio, en momentos específicos.